COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Hace 10 años, el 18 de julio de 1997 se promulgó Ley 387: “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socio económica de los desplazados internos por la violencia en la Republica de Colombia”. Sin embargo, u na década después, la situación de la población forzosamente desplazada es igualmente crítica e inclusive más que antes. Prueba de ello es el fallo proferido por la  Corte Constitucional en su Sentencia T-025 de 2004 que declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” en materia de política pública de atención al desplazamiento forzado, estableciendo que existe vulneración integral, sistemática y generalizada de varios derechos constitucionales, adopción de prácticas políticas clientelistas, abuso de poder por parte de las entidades y funcionarios encargados de su atención y la no expedición de medidas legislativas, administrativas y presupuestales para evitar la vulneración de tales derechos.

CATASTRO ALTERNATIVO, ESTRATEGIA CONTRA LA IMPUNIDAD Y HERRAMIENTA PARA LA REPARACION INTEGRAL.

Introducción

Como es de amplio conocimiento el conflicto colombiano oculta en la tras escena un gigantesco problema de despojo, especialmente de tierras que en cuentas superficiales se acerca a los 10'000.000 de hectáreas, tierras y territorios en los que campesinos, colonos comunidades, afro e indígenas tenían sembradas sus esperanzas, un proyecto de vida y un factor productivo para la familia y el país.