Jaime Caycedo
Concejal de Bogotá, D.C.

La información oficial tiende a dar cuenta de la desaparición del fenómeno paramilitar y de una supuesta fase actual de “post conflicto”. Según la propaganda gubernamental, la aplicación de la ley 975 de justicia y paz, el encarcelamiento de un grupo de jefes narco paramilitares e, incluso, la extradición de varios de ellos, comprobarían la eficacia de la seguridad democrática y del clima de paz y tranquilidad que reina en el país.

Siguen a la ESPERA DE RESPUESTA DE LA COMISIÓN QUE ESTA EN BOGOTÁ HACE MAS DE 20 DÍAS.
El problema de los indígenas Embera Katio de Conondo, tanto en Bogotá como en el Chocó se sigue agudizando. La falta de respuesta real del gobierno a una comunicad que muere lentamente por la desidia en medio de tanta riqueza, es la causa de que 144 indígenas de la comunidad de Conondo del resguardo Tahamy del Municipio de Bagadó, estén resueltos a permanecer en Bogotá hasta tanto no haya garantía para su regreso.

Por: Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

Ninguna propuesta para reparar integralmente a las víctimas - judicial o administrativa - es de suyo un obstáculo para garantizar sus derechos humanos. Obviamente es el contenido de la propuesta, el que permite comprender cuál es el nivel de compromiso institucional para cumplir con las obligaciones internacionales sobre los derechos de las víctimas. De allí la importancia de examinar el contenido de la propuesta del Gobierno Nacional para reparar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y demostrar que el objetivo gubernamental es, -como se recuerda en aquel pasaje bíblico-, comprar a las víctimas con un plato de lentejas a cambio de dejar de lado la discusión histórico - política sobre lo sucedido en el país. Y peor aún, se trata de una instrumentalización de las víctimas para legitimar el llamado proceso de desmovilización paramilitar, pues no existen ni siquiera garantías efectivas para asegurar que las víctimas reciban la irrisoria reparación del gobierno.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Hace 10 años, el 18 de julio de 1997 se promulgó Ley 387: “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socio económica de los desplazados internos por la violencia en la Republica de Colombia”. Sin embargo, u na década después, la situación de la población forzosamente desplazada es igualmente crítica e inclusive más que antes. Prueba de ello es el fallo proferido por la  Corte Constitucional en su Sentencia T-025 de 2004 que declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” en materia de política pública de atención al desplazamiento forzado, estableciendo que existe vulneración integral, sistemática y generalizada de varios derechos constitucionales, adopción de prácticas políticas clientelistas, abuso de poder por parte de las entidades y funcionarios encargados de su atención y la no expedición de medidas legislativas, administrativas y presupuestales para evitar la vulneración de tales derechos.

Las organizaciones étnico-territoriales, sociales, de desplazados y familiares de víctimas de la región del Atrato, en conjunto con la Diócesis de Quibdó, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar nuestra indignación por las declaraciones que el paramilitar Fredy Rendón, alias “El Alemán”, comandante del bloque “Elmer Cárdenas”, dio en su primera audiencia pública del 5 y 6 de junio en la ciudad de Medellín.