Desafíos actuales en la construcción social de la verdad y la memoria histórica

Fundación “Manuel Cepeda Vargas”

El presente documento de trabajo es un insumo para el debate interno del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en el que se pretende aportar elementos para una estrategia en el campo de la construcción social de la verdad y la memoria históricas. Dicha estrategia contiene propuestas que apuntan al corto, al mediano y al largo plazo, y complementan los avances realizados por los encuentros nacionales de víctimas realizados en 2004 y 2005.

El primer asunto es recordar por qué la búsqueda de la verdad es una prioridad en la agenda del Movimiento de Víctimas. Durante los años trascurridos de los diálogos paramilitares – gobierno, a pesar de la progresiva paramilitarización de la sociedad se ha abierto un espacio para el debate acerca de los derechos de las víctimas, y en particular, acerca de la necesidad de la construcción social de la verdad sobre los crímenes del pasado y del presente. Determinados sectores de la sociedad han manifestado la necesidad de que se esclarezcan los episodios más oscuros del conflicto armado y del terror estatal. Entre los temas que han aparecido en este contexto figuran la necesidad del reconocimiento de la verdad histórica de las víctimas de modalidades de violencia estatal y paraestatal, y la urgencia de debatir acerca de las condiciones fundamentales para la futura creación de una comisión nacional de esclarecimiento histórico.

Por eso no debe sorprender a nadie que los sectores oficiales intenten cooptar los esfuerzos por la verdad que han sido realizados desde los sectores organizados de las víctimas, y desde las propias organizaciones de derechos humanos.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha expresado en diversos pronunciamientos su postura sobre la verdad y la memoria históricas. Consideramos que la verdad es un fundamento insoslayable para la superación de la impunidad de los crímenes contra la humanidad y el genocidio, así como para la plena realización de los derechos a la justicia y la reparación integral. De ahí que veamos la construcción de la verdad como un imperativo social e histórico. El proceso de esclarecimiento es en sí mismo un proceso de democratización de la sociedad y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública.

También es un proceso que puede impugnar seriamente el pretendido carácter democrático del régimen político colombiano, y debilitar la legitimidad social de los grupos de poder que han logrado, mediante el ejercicio sistemático de la mentira y la justificación de los crímenes, mantener una imagen de respetabilidad social y responsabilizar a las víctimas de la agresión a la que han sido sometidas durante prolongados períodos. El esclarecimiento histórico permite poner en evidencia que el sistema de exclusión social está basado en la implementación de sucesivos modelos de terrorismo estatal, y que este concepto se descompone en múltiples formas de persecución, que alcanzan incluso modalidades de exterminio y genocidio.

En este orden de ideas, nuestro movimiento ve en la construcción social de la verdad histórica un proceso de participación democrática lleno de contenidos políticos relevantes para la transformación de la sociedad colombiana.

El debate actual: ¿Quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios?

Como parte de ese proceso, el reconocimiento social de las víctimas ocupa un lugar central. Dicho reconocimiento pasa por lograr que se acepte socialmente la realidad de todas las víctimas, y no solamente de aquellas que el Estado privilegia con su propio reconocimiento. Para las víctimas del terrorismo de Estado es fundamental que se reconozca, en primer lugar, que los poderes estatales han cometido o tolerado crímenes masivos y que con ese fin han diseñado políticas y planes de exterminio, que han contado para su ejecución con mecanismos institucionales de carácter estatal y paraestatal.

La Ley 975/05 y el decreto 128/03 excluyen a las víctimas del Estado, y reducen el paramilitarismo a un fenómeno aislado y sin conexión con el aparato estatal. Debemos estar atentos a cualquier reducción que intente ser introducida en el concepto de víctima por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Sistema Nacional de Información sobre las Víctimas. Algunos puntos de esa reducción son:

- Exclusión de las víctimas del Estado (artículo 5 de la ley 975/05, “Definición de víctima”).
- Exclusión de la población desplazada que se considera atendida ya por otras dependencias estatales.
- Preeminencia cuantitativa y cualitativa de las víctimas de la guerrilla.
- Inclusión de los miembros de la Fuerza Pública que hayan sido lesionados en desarrollo del conflicto armado (artículo 5 de la ley 975/05, “Definición de víctima”).

El trasfondo ideológico de esta reducción es poder economizar la reparación al máximo y magnificar cualquier acción de resarcimiento por insignificante que sea.

Frente a este proyecto de reducir el universo de la población victimizada, el Movimiento debe actuar decididamente por mostrar el espectro que conforman los sectores afectados por el terrorismo estatal, y que han sido enunciados en el acta de constitución de nuestra coalición: las víctimas de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra cometidos por agentes estatales y paramilitares, graves violaciones a los derechos humanos. Dentro de estas categorías ocupa un lugar estratégico la población desplazada, pues además de conformar el sector más numeroso de las víctimas encarna la exigencia estratégica de la reforma agraria y el respeto de los territorios. Además se hace necesario reivindicar a las víctimas olvidadas: los exiliados, que conforman un capital humano muy importante para un futuro proceso político en Colombia, los prisioneros políticos, los torturados, etc.

Se requiere, entonces, reiterar la exigencia de que la cuestión de quiénes son las víctimas se defina de manera transparente, sin que las organizaciones sean suplantadas y de acuerdo a los criterios internacionales que definen las categorías de crímenes contra la humanidad y genocidio.

El reconocimiento social de los crimines estatales y sus víctimas atañe, adicionalmente, a la posibilidad de señalar e identificar públicamente a los autores de los crímenes. Para ello se puede estudiar en cada caso la conveniencia de la identificación individual de los responsables de alto nivel, y la realización de acciones que impliquen sanciones morales y políticas de los autores intelectuales y materiales de los crímenes de Estado. Esa es la única forma de socavar la legitimidad social que detentan los autores de los graves crímenes, y de buscar la ruptura de la sociedad con los discursos y prácticas justificatorios.

En ese sentido, es pertinente apoyar iniciativas como la elaboración de los prontuarios de los jefes paramilitares, pero igualmente elaborar los prontuarios de los presidentes de la República, ministros, congresistas, altos mandos militares, gobernadores y alcaldes sobre quienes existan evidencias de que han participado en el apoyo a grupos paramilitares y en la ejecución de estrategias de guerra sucia. Otro tanto cabe decir sobre los planificadores y beneficiarios sociales de la acción criminal del Estado o del paramilitarismo. De esta clase de procesos de identificación hace parte el esclarecimiento público acerca de cuáles son las identidades de los integrantes del llamado “Grupo de los seis” –que según Carlos Castaño Gil daba las órdenes de los homicidios políticos más relevantes a las estructuras paramilitares- y la identificación de otros centros de poder clandestinos desde los cuales se ha planificado el exterminio de la oposición política y social. Es preciso ahondar en la responsabilidad social que han tenido determinados directores de medios de comunicación en la incitación a la violencia, y señalar los nombres de los jerarcas de la Iglesia Católica que en situaciones concretas han también incitado a la violencia contra la oposición. Dentro de este mismo orden, el Movimiento debe apoyar y participar activamente en los tribunales de opinión que abordan el tema del apoyo de las multinacionales a los grupos paramilitares y a las actuaciones ilegales de los agentes estatales.

Nuestro acumulado en materia de verdad y memoria históricas

La información acumulada más importante de la que dispone el Movimiento para llevar a cabo estas tareas se encuentra plasmada en el proyecto Colombia Nunca Más. Este esfuerzo investigativo de más de una década sustenta sólidamente la existencia del terrorismo estatal en Colombia, no como una noción ideológica, sino como una realidad empíricamente demostrable. El contenido del Nunca Más muestra que el Estado ha ejercido a través de cuatro etapas y cuatro modelos diferentes, métodos de acción terrorista por medio de acciones que van desde el simple uso excesivo de la fuerza, pasando por patrones de persecución múltiple hasta el diseño de políticas de exterminio.

El informe Deuda con la Humanidad, en el que se hayan contenidos cerca 14.400 casos de crímenes realizados por el Estado en conjunto con los paramilitares, y estudios puntuales elaborados por el sacerdote Javier Giraldo sobre la forma en que ha funcionado esta alianza en las últimas dos décadas, es un insumo indispensable en este período.

Por estas razones, una tarea prioritaria del Movimiento es apropiarse del contenido de los informes del Nunca Más y de Deuda con la Humanidad para poder promover y difundir su existencia, así como mostrar el significado que tienen para el esclarecimiento histórico en el país. Al mismo tiempo, se debe ayudar a completar la información existente dentro del proyecto desde el punto de vista de las fuentes de información, de los hechos que falta aún documentar, de la interpretación de todos esos datos, y de la identificación del daño social causado.

¿Qué falta documentar y que verdad se requiere fortalecer?

En cuanto a las fuentes de la verdad histórica se debe adelantar una campaña nacional del Movimiento para recolectar masivamente el testimonio de las víctimas. El tercer encuentro nacional podría fijar una meta en cifras y un cronograma para esta campaña.

En esta misma línea de acción, cabría fortalecer la compilación de pruebas forenses que sustentan los datos estadísticos, la búsqueda de documentos con valor probatorio, el trabajo sobre los archivos oficiales, las acciones de habeas data. Sobre este último asunto es indispensable conocer la ubicación de los archivos oficiales y los lapsos de desclasificación de los documentos que contienen. Asimismo, se necesita entrar en contacto con organizaciones que en Estados Unidos trabajan en la desclasificación de documentos oficiales que atañen a la intervención militar y política en países latinoamericanos.

Con relación a los crímenes que falta documentar, o cuya información debe ser sistematizada y agrupada se requiere que el Nunca Más agrupe los procesos de exterminio de grupos y colectividades, o en otras palabras, que documente la existencia de los genocidios y procesos de exterminio. Igualmente que documente los crímenes de guerra de origen estatal, y que realice un esfuerzo de sistematización sobre el desplazamiento forzado y el exilio por razones políticas. En este campo, un tema que tiene importancia actual es la investigación acerca de las fosas comunes, su ubicación y el esclarecimiento de su origen.

Acerca de la interpretación de la verdad se debe profundizar en la definición del carácter sistemático de la acción criminal del Estado. De allí que la definición de los modelos históricos de persecución que han empleado las instituciones estatales colombianas se deba sustentar probatoriamente con la demostración de la existencia de planes de exterminio o represión, y pautas de persecución política; contextos sociológicos y políticos que se relacionen con la ejecución de crímenes contra la humanidad y genocidio; la intencionalidad (motivos y motivaciones) los orígenes y las responsabilidades sociales en los crímenes.

La obtención e interpretación de toda esta información permitirá avanzar sobre la identificación del daño colectivo y social ocasionado, y determinar con claridad los orígenes de la riqueza y el poder acumulados por los victimarios. La definición de ese daño implica no quedarse en la mera descripción de hechos criminales. La finalidad del esclarecimiento es poder mostrar que el daño social causado es la fuente de las exigencias sustentadas de la reparación integral.

¿Comisión o comisiones de verdad?

Tanto el primero como el segundo encuentro nacional de víctimas definieron las características básicas de una comisión de esclarecimiento histórico que comience a satisfacer la necesidad de verdad y memoria de la sociedad colombiana. Para nuestro Movimiento una instancia de esta naturaleza debe contar con las máximas garantías de independencia, autonomía y exhaustividad, que le permitan al país conocer la realidad de los orígenes y acontecimientos de la violencia sociopolítica ocurrida desde mediados de la década de 1940.

Actualmente se manifiesta la tendencia a la proliferación de varias comisiones parciales que investiguen hechos puntuales del conflicto armado interno o de la guerra sucia de origen estatal. Ante la disyuntiva de crear una o varias comisiones de esclarecimiento, no debería hacerse una opción única. Ante una violencia de larga duración con miles de hechos y multiplicidad de escenarios es posible, e incluso en ocasiones deseable, que se hagan esfuerzos parciales de dilucidación de la verdad. No obstante, ello implica al menos dos condiciones: que en todos los casos se respeten los estándares de independencia y exhaustividad en la búsqueda de la verdad, y que las comisiones parciales no intenten suplantar a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, cuyas características ya han sido mencionadas.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha anunciado que, de acuerdo a las atribuciones que le otorga la Ley 975/05, realizará un informe sobre los orígenes de los grupos armados. El Movimiento de Víctimas debe oponerse a todo intento que busque moldear la realidad histórica del conflicto armado colombiano a la versión de un enfrentamiento de raíces codiciosas, narcotraficantes y terroristas. Desde ya es bueno señalar que cualquier informe que se haga en condiciones en las que continúa desarrollándose el conflicto armado, y por una instancia nombrada por el propio Estado, no puede ser considerado seriamente como base para los trabajos de una Comisión de Esclarecimiento Histórico.

La conservación y la difusión social de la verdad y la memoria

De poco sirve tener informes como el Nunca Más, Deuda con la Humanidad y otros similares, si sus únicos usuarios son las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. El Movimiento está urgido de diseñar una política de difusión social de la memoria histórica.

Ante la posibilidad de que el sistema creado por la ley de impunidad intente copar todos los espacios y manipular el acumulado de la lucha por la justicia realizada por décadas desde las asociaciones de víctimas, el Movimiento tiene que diseñar iniciativas no oficiales de verdad, que persigan alcanzar impacto social.

Estas iniciativas pueden cumplir varios propósitos. Por una parte, conservar y poner a salvo de toda intromisión indebida la información ya recopilada, o aquella que se recabe en el futuro. De igual forma, difundir los resultados de los procesos de investigación que se han desarrollado desde las víctimas (los bancos de datos de las organizaciones de derechos humanos, y los bancos documentales de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como los informes y compilaciones documentales disponibles). Dicho proceso de conservación y difusión debe servir asimismo como ejercicio de memoria social, que incentive, especialmente en las nuevas generaciones, la curiosidad por conocer una versión de lo acontecido en el país distinta a la versión de la historia oficial.

Para tales propósitos sería útil que las organizaciones que pertenecen al Movimiento de Víctimas sopesen la posibilidad de crear un centro de documentación y memoria, que cumpla a la vez funciones de archivo de seguridad, espacio de diálogo público sobre la verdad histórica y centro de memoria en el que se realicen exposiciones, temporales o permanentes, que recojan los testimonios y las imágenes de las víctimas. Con ese fin pueden estudiarse experiencias que en países como Irlanda, Camboya y la Ex Yugoslavia se han realizado en la creación de centros de esta naturaleza.

Como parte de la línea de trabajo de rememoración cabe igualmente impulsar un cronograma de galerías de la memoria, y la realización de esfuerzos que permitan la participación de las asociaciones de víctimas en la recuperación del centro de memoria de las luchas populares que ha promovido Gloria Gaitán.

Algunas propuestas puntuales

Como complemento y síntesis de las anteriores propuestas e ideas, éstas son algunas iniciativas puntuales:

- Campaña nacional del Movimiento de Víctimas para la recolección nacional de testimonio y documentación de casos.

- Realización de un seminario convocado por el Movimiento sobre mecanismos y procedimientos de construcción no oficial de la verdad y sobre la cuestión de quiénes son las víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia.

- Convocatoria de una reunión nacional plenaria entre el Movimiento de Víctimas y las organizaciones que forman parte del Nunca Más para la discusión de este documento y para la elaboración de un plan de acción conjunto en materia de construcción social de verdad y memoria históricas.

- Elaboración de dos informes especiales por parte del Movimiento en asocio con Nunca Más acerca del genocidio contra el movimiento gaitanista (basado en el análisis de la documentación disponible en el archivo de Gloria Gaitán) y acerca de la situación de los exiliados por razones políticas (con el apoyo de colectivos de colombianos en el exterior).