FOSAS COMUNES EN PUTUMAYO, Lo que la costumbre dice o calla

Por: Comisión Intereclesial Justicia y Paz

La costumbre es uno de los efectos que se ha ido haciendo parte de la cotidianidad, el develamiento de los horrores del paramilitarismo como el de las fosas comunes son parte del diario devenir, que no logra conmover los mínimos de la sensibilidad y por tanto la actuación, el agenciamiento civil y el cambio de lógica para comprender el presente.

Somos presos o esclavos de la costumbre y de una cualificación de los mecanismos del consentimiento, la fábrica del consenso, siguiendo a Chomsky.

Las fosas comunes son uno de los medios de construcción de la impunidad, son parte de la estrategia de encubrimiento, de ocultamiento y de falsación de la realidad. La tortura, la desaparición forzada, la eliminación física, preceden a la integración de cadáveres, su sepultura e inhumación en parajes dominados por las mismas estructuras criminales aseguran la impotencia, la paralización, el silencio.

Hoy pareciera que se ha abierto el espacio de la revelación, de la palabra y de la verdad, pero en realidad, quizás estamos acudiendo al ambiente, a la sensibilización de la reconciliación “consentida”, es la transacción de la realidad con la verdad posible, de la ética con las conveniencias políticas.

Se olvida las fases de la estrategia paramilitar en Putumayo, no se nombran, descuido histórico. Allí en 1.989 sustentado en los Decreto 3398 de 1.968 antes de que quedarán sin piso legal, las “Autodefensas” tenían un foco de desarrollo en el Bajo Putumayo, cuando se ilegalizan ya existe una estructura básica como desarrollo de la estrategia nacional definida en Puerto Boyacá.

En la región, en apariencia lo que es una paradoja, los paramilitares se sustentaron económicamente por traficantes de droga, quienes a su vez operaron con estructuras paralelas de la Policía Antinarcóticos y de las Fuerzas Militares consentidas como estrategia “contrainsurgente”. El blanco predilecto fueron en ese momento los jóvenes, a quiénes en razón de identidad se les asocia como milicias de la guerrilla de las FARC EP. Muchos de ellos se encuentran en las fosas del presente, que se identifican con la violencia del 98 al 2001. En realidad es un proceso que se inicia en 1.989.

Como consecuencia de las denuncias de ese momento no hubo más remedio que ante lo escandaloso de la evidencia parainstitucional entre el 89 y el 91, el Comandante de la Policía resolvió trasladar todo el personal a otra regiones. Al tiempo las investigaciones penales y disciplinarias sepultadas, en las que los testigos ya hablaban de las fosas comunes.

En un cambio de táctica las estructuras criminales desde 1.992 mantuvieron su presencia y desarrollaron técnicas menos escandalosas y produjeron limpieza entre ellos mismos y aleccionamientos selectivos hasta 1.997.

Desde ese año, 1.997, las operaciones se desarrollaron con un aseguramiento del silencio de la población con fases de arrasamiento, de aseguramiento de la población – economía, organización, recursos oficiales- desplazamiento gota a gota y el control del tráfico de drogas. La implementación del Plan Colombia de ningún modo, propicio la desaparición de la estrategia paramilitar por el contrario se beneficiaron de la militarización institucional.

El pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP permitió el desarrollo de técnicas combinadas. Sofisticación de la ceguera policial a las operaciones paramilitares en los cascos urbanos de La Hormiga , Orito, Puerto Asís. Sofisticación de la ceguera militar en las operaciones paramilitares sobre los ríos y sus afluentes, el control de las siembras campesinas de hoja de coca, desplazamiento de la población y control de las siembras. En las partes medias rurales y en los cascos urbanos controles permanentes a la movilidad de la población. Hospitales, centros de abastos se convirtieron en lugares estratégicos de información y bajo la sola sospecha de ser “guerrilleros”, los campesinos eran ejecutados en los mismos centros de atención de salud o el terminar de mercar. Estos restos eran arrojados a los ríos o dejados a la luz pública, pero para encubrir la responsabilidad y evitar los escándalos se iniciaron las técnicas de las fosas comunes en su segunda fase.

Hoy Orito, La Hormiga , Puerto Asís son centros del desarrollo de la estrategia socio política de lo paramilitar, dimensiones que no son ubicadas en el contexto de la aparición de las fosas comunes. Son 18 años de la implementación de la estrategia paramilitar.

El paramilitarismo como estrategia militar, y luego en sus fases sociales y políticas solo ha sido posible en cada etapa por su interacción con políticas y estrategia militares de la Brigada y de los Batallones especiales; el apoyo financiero de terratenientes, empresarios y traficantes de drogas, y ahora con la alianza a sectores afines con intereses en el mercado mundial; en el apoyo político de las administraciones, consejos, diputaciones municipales y departamentales, quiénes en un primer momento por presión, luego las que le sucedieron por articulación se articularon a un proceso de institucionalización política, pues en el congreso, militares de alto rango recibieron los ascensos a pesar de sus record en violaciones de derechos humanos en el Putumayo ; la inacción del ente investigador y de los organismos de control que como piedras dejaron de asumir el deber de investigar, de esclarecer y de posibilitar el acceso a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral. Y finalmente, lo que merece un capítulo, por supuesto, el pretexto de la existencia de la guerrilla de las FARC EP en el Putumayo, su desbordamiento e infracciones al derecho Humanitario en la guerra propiciaron un imaginario para “legitimar” el desarrollo de ese proyecto de Estado.

La mimetización paramilitar en la seguridad “democrática”

Por eso parece que la información de la prensa puede estar ritualizando la “conciliación consentida”, la descontextualización y la mimetización de la seguridad “democrática”, así ellos no lo crean ni se lo propongan.

Los relatos de la prensa son restringidos a no más de 700000 mil lectores y los mismos se expresan en un contexto en que se tienden miradas hacia la conciliación. Aunque los relatos rompen con la cultura del flasheo estos no profundizan.

Al leer los relatos se percibe siempre una historia oficial en la que se reafirma el imaginario y la tesis institucional de la ocurrencia de estos Crímenes de Lesa Humanidad como resultado de la confrontación de grupos terroristas, en el caso de Putumayo por el tráfico de drogas.

Es la reinvención de la teoría de los dos demonios, con la virtud de que el Estado es una víctima, incapaz e impotente. Pero además, desde ya se suscitan serios cuestionamientos al tratamiento que se realiza por parte de la Fiscalía en desarrollo de la acción de investigación y recolección de pruebas, que será el tránsito hacia un nuevo camino a la impunidad, a la falsedad.

Como consecuencia de lo anterior la sensibilidad que despiertan los relatos no permite suscitar un análisis más profundo en varios aspectos.

- La responsabilidad estatal a través de estructuras militares y policiales y de las administraciones departamentales, municipales y su interacción con las nacionales en el desarrollo de esta técnica de represión de la estrategia paramilitar.

- La inacción estructural del ente investigador no se nombra, no se indica, ni se insinúa. Queda implícitamente justificada la irresponsabilidad estatal por la barbarie de las estructuras armadas responsables, en una situación tan conflictiva es imposible actuar. No develan la responsabilidad de la fiscalía en el deber de investigar y de haber actuado.

Se da por descontado que lo que hoy se realiza como práctica forense es adecuado, sin valorar el desarrollo de procedimientos técnicos idóneos, con la suficiente información para que los familiares de las víctimas puedan tener certeza sobre la verdad, y la posibilidad de tener derecho a enterrar.

- Las pretensiones del Terror quedan subsumidas en una interpretación parcial que oculta los intereses económicos territoriales que están detrás de las estrategias paramilitares. Se deja de un lado las pretensiones de control territorial para proyectos petrolíferos, obras de infraestructura y agronegocios.

Se limita a dar una versión parcial de control de la siembra de coca, también desfigurada, y asociada a la participación en toda la cadena de producción y mercado de la cocaína de los que están en armas. Destaca aspectos de una estrategia contrainsurgente el plano militar de las pretensiones existentes, dejando de lado el modelo de sociedad y de Estado que se consolidó en el Putumayo , en Puerto Asís, Hormiga, Orito, hasta el día de hoy.

La seguridad “democrática” del encubrimiento

El hallazgo de fosas comunes parece obedecer a los resultados de una política institucional. A través de la seguridad, militarización cotidiana, se crean las condiciones para la operación del ente investigador. Sin embargo, de oculta la reingeniería paramilitar como estrategia militar de la institucionalidad.

En La Hormiga , en Orito, en Puerto Asís las estructuras criminales hoy dominan el control del comercio, la vida social, se apropian de tierra, mantienen la convivencia con el aparato institucional, “que posibilita” el acceso a la verdad.

Se simula, se crea la sensación de un cambio, que en realidad es una mimetización del aparato paramilitar en la seguridad “democrática” y una metástasis de la costumbre que asegura la impunidad. Las estructuras criminales de tipo paramilitar no se han ido, están ahí como estrategia que es no solo militar sino también social, económica y política.

Están ahí, mimetizados ahora en la seguridad democrática, financiada a través del Plan Colombia. No se han ido, como tampoco, la memoria de miles de miles de sus víctimas, como cientos de testigos que algún día, cuando existan menos farsas quisieran contar.

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