QUE CHIQUITA BRANDS RESPONDA POR 3.400 FUSILES QUE ENTREGÓ A LOS PARAMILITARES

A continuación publicamos el texto completo de comunicación enviada al Canciller de la República a propósito de la condena a la multinacional Chiquita Brands

Bogotá 16 de marzo de 2007

Señor:
Fernando Araujo 
Canciller de la República 

Respetado señor.

A raíz de la aceptación por parte de la multinacional Chiquita Brands Internacional y la posterior condena a pagar 25 millones de dólares por parte de la fiscalía de los Estados Unidos por la financiación de esta empresa a la organización terrorista conocida como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y teniendo en cuenta que este grupo se encuentra en un “proceso” de desmovilización y que la ley de “justicia y paz” exige que se diga la verdad y se repare a las victimas, le solicitamos que se indague a los jefes paramilitares sobre la verdad de los hechos por los cuales fue multada la multinacional, pero además que salga a la luz publica el destino de los 3.400 fusiles AK 47 y los 5 millones de cartuchos que en el año 2001 entraron en un barco de esta empresa que tenía el nombre de Oterloo y que ancló en aguas del puerto de Turbo de propiedad de la Chiquita.

En el tema de la reparación creemos pertinente que el dinero que debe pagar la multinacional debe ser destinado a las victimas del actuar de este grupo que en la región era conocido como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba (ACCU), al mando de los jefes paramilitares Fidel y Carlos Castaño, este último reconoció en una entrevista al diario el Tiempo que “este es el mejor gol que hemos metido para conseguir armas”. Por lo tanto le solicitamos al canciller exigir al gobierno Norteamericano la destinación de este dinero a la reparación de las víctimas.

Además solicitamos que se investigue a otras empresas multinacionales y nacionales que se han visto envueltas en el financiamiento y apoyo para que los grupos paramilitares operen de manera abierta y tranquila en sus zonas de operación, como en el caso de la multinacional Coca Cola en la región del Uraba, concretamente en Carepa donde se ve involucrada en la muerte de un líder sindical y la posterior desaparición de la seccional de este sindicato. Creemos que este es el momento para que el país conozca los horrores que han cometido estos grupos, pero también que conozca quienes se han beneficiado económica y políticamente de esta modalidad de guerra sucia.

Por lo cual solicitamos a la Fiscalía General de Nación investigue la actuación de estas empresas en el territorio nacional a lo largo de su historia.

Atentamente,

Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado

Observatorio Social de Empresas Transnacionales Megaproyectos y Derechos Humanos.