Informe sobre la situación del Sector Campesino

“MUCHAS TIERRAS EN POCAS MANOS Y MUCHAS MANOS SIN TIERRA”. Lema de la CLOC - Via Campesina, más reciente estudio del IGAC- Corpoica, confirma la tendencia de rápida concentración de la propiedad de la tierra, que viene desde los años 80 hasta ahora y nos da como resultado que el 0,4%, es decir, ni siquiera el medio por ciento de los propietarios tiene el 61,2% de la tierra. Si se compara con las estadísticas anteriores, se ve cómo los campesinos y también los pequeños y medianos agricultores, han perdido la tierra por la violencia y se han quedado con ellas 15 mil grandes propietarios (uno de los cuales es el Presidente de la República).

Ahora, para despojar a los desplazados, Uribe promulga la Ley 791 por la cual se reducen los plazos de prescripción a la mitad. Al solo reducir la prescripción extraordinaria de 20 a 10 años, Adicionalmente, la prescripción ordinaria queda en cinco (5) años. Supuestamente la prescripción no opera si un desplazado prueba que no ha podido volver a su predio forzado por la violencia, pero ¿cómo va a probarlo, si lo primero que tiene que hacer es poner una querella de posesión o de propiedad en la Alcaldía del municipio, donde no puede siquiera poner el pié porque lo matan? Esa ley de prescripción está hecha para institucionalizar el despojo de los desplazados: lo han denunciado juristas destacados y académicos que han analizado esta ley y han dicho: “En Chile el plazo de la prescripción de dominio reducido a la mitad sirvió para tratar de quitarle las casas - sobre todo urbanas - a los obreros o a la gente de izquierda que tuvo que irse exiliada para que no los mataran en 1973 a raíz del golpe de Estado de Pinochet”. Eso es lo que estamos viviendo en Colombia: ¡el Pinochetismo!

¡Y el gobierno se atreve a hacer propaganda con el reconocimiento de la propiedad de las tierras que con lucha conquistaron los campesinos despojados, a quienes que como condición para tal reconocimiento les ha impuesto vivir al lado de los basurero. El gobierno de Uribe, el mismo que pretende institucionalizar el despojo automático del título de los beneficiarios del INCORA que han "abandonado" sus tierras. La Ley 160 establece un procedimiento claro, que otorga al parcelero el derecho a la defensa y en caso de desplazamiento forzado puede decir que tuvo que abandonar su predio para preservar la vida.
la ley 160 establecía que ésta tierra tenía que ser entregada a otro campesino con condiciones para ser beneficiario de reforma agraria, es decir, a un campesino pobre, no a cualquier “productor”, como podría ser el paramilitar que lo sacó de la finca o al terrateniente que le pagó al “paraco” para hacerlo.

La "reforma agraria de nueva generación" va a extinguir el dominio de su parcela a todos los compañeros campesinos. la “reforma agraria” de nueva generación es la institucionalización del desplazamiento violento que han hecho los paramilitares, , las tropas de asalto del fascismo colombiano. Esa es la reforma agraria que ofrecen. Hacen propaganda entregando unas tierras que hace años le quitaron a los narcos a unas decenas de familias, mientras a medio millón de familias desplazadas les expiden leyes para dejarlas sin sus tierras.

El proyecto fascista

Uribe quiere pasar al exterminio de las organizaciones campesinas. No le basta la destrucción de las conquistas sociales, necesita el total control del movimiento social para evitar que los sectores populares recuperen los derechos que se les han arrebatado a punta de guerra sucia. Es así como se aplica a quienes sobreviven con la judicialización y las detenciones. Cada día aumenta el número de activistas de los movimientos sociales calumniados, presos y sometidos al escarnio público como si fueran terroristas, con el fin de criminalizar la lucha social y exterminarla. Los jueces o fiscales que se atreven a dejar libres a los inocentes son destituidos como aconteció con el fiscal que liberó a los campesinos en el departamento de Sucre en el 2003, el cual fue calumniado, perseguido y suspendido.

Los proyectos de reforma constitucional apuntan a institucionalizar lo establecido por el terror, con las detenciones sin orden judicial, las facultades judiciales a los militares, subordinación laboral de los jueces al ministerio de Justicia-Interior, estado de excepción con duración indefinida y declaratoria sin control de la Corte Constitucional y eliminación de la acción de tutela para defender derechos colectivos, económicos, culturales, sociales y ambientales.

La impunidad significa no sólo ni principalmente que los paramilitares, sus jefes reconocidos o secretos y sus financiadores no serán castigados ni sus víctimas individuales indemnizadas, sino que sus beneficiarios podrán disfrutar de los efectos de los crímenes que financiaron u ordenaron y las realidades que modificaron en contra de los derechos de los campesinos y asalariados no serán restauradas. Las víctimas colectivas del terror de las tropas de asalto deberían ser compensadas mediante la devolución de las tierras, de los derechos laborales, puesto que sin el terror ni los latifundistas habrían concentrado tal cantidad de tierra ni los gobiernos de turno habían impuesto las reformas laborales y privatizaciones.

La reparación integral, la verdad y la justicia es el fundamento para una verdadera política de reconciliación de los colombianos, que permita la solución política del conflicto social y armado y realizar los cambios mínimos necesarios para solucionar las causas del enfrentamiento armado. Pero, precisamente el acuerdo con los paramilitares es la carta a jugar para eternizar la política económica y social y la relatifundización y para establecer un régimen fascista o semifacista que asegure que los asalariados y campesinos no van a poder movilizarse para reconquistar sus derechos. Es por ello totalmente falso que el acuerdo con los paramilitares sea un paso hacia la reconciliación de los colombianos, pues se trata en cambio de una política esencial para conseguir el aplastamiento de los derechos laborales, campesinos y populares y para establecer institucionalmente la arbitrariedad y el terror.
El carácter fascista del proyecto que el uribismo pretende imponer, está determinado tanto por la modificación de importantes normas constitucionales y legales, como por la culminación de la política de extermino de los líderes sindicales, campesinos, indígenas, afrodecendiente y populares y del movimiento social e independiente mediante nuevos asesinatos, el encarcelamiento de los sobrevivientes y las detenciones masivas a activistas sociales, al tiempo que el gobierno hace acuerdos con los paramilitares autores de los asesinatos y masacres.

Uribe compra tanques de guerra a España para colocarlos a lo largo de la frontera con Venezuela, en la Guajira, Arauca y Norte de Santander. En esta región fronteriza en los dos años pasados ocurrió el mayor número de asesinatos políticos,. Las más terribles masacres han ocurrido en la Guajira, en Bahía Portete donde fueron despedazados 32 indígenas Wayúu y en Arauca, en TAME donde fueron degollados 13 campesinos. Cerca de allí militariza en gran escala por tierra y aire a Cubará, con el pretexto de imponer a los U’wa la explotación de un petróleo hasta ahora no encontrado.

Hay regiones y departamentos como Arauca, donde casi todos los integrantes del movimiento social han sido detenidos y otros asesinados como en el caso de los tres sindicalistas campesinos en el año 2004

Para los indígenas, campesinos y afrocolombianos los tratados de libre comercio significan amenazar la conquista de la inalienabilidad de sus tierras colectivas, pues ya se tiene la experiencia de México donde, como requisito para la firma del Tratado de Libre comercio de Norteamérica, se derogó el artículo de la constitución que garantizaba la inalienabilidad de las tierras comunales. Para las comunidades rurales las normas sobre propiedad intelectual significarían por una parte el control monopólico por las transnacionales, como Monsanto y Syngenta, de las semillas y por ende de la agricultura y la alimentación y por otra parte la posibilidad de patentar la biodiversidad, especialmente la del pacífico y la Amazonía, región esta última en la que el Presidente y el Vicepresidente no dejan de promover la intervención militar extranjera y en especial la de las tropas de Estados Unidos (Uribe dijo en Davos que las tropas de Estados unidos al regreso de Irak deben ir al Amazonas).

En lo meramente comercial la firma de un tratado con Estados Unidos significaría un grave golpe a renglones claves de la producción nacional a cambio de discutibles ventajas para muy pocos exportadores, para los importadores y para el latifundio especulativo que no depende de la producción agropecuaria sino del alza del precio de las tierras ubicadas cerca de los megaproyectos de inversión o infraestructura. Una ínfima minoría que controla el gobierno al lado de los cuadros de las transnacionales, se dispone a vender la soberanía de la nación firmando el tratado de “libre comercio”; todo a costa del desplazamiento y empobrecimiento de los campesinos, y pueblo e general que ya ni cultivar sus alimentos podemos; porque necesitan de nuestras tierras para establecer sus empresas petroleras, madereras, hidroeléctricas o agroindustriales, como es el caso de la palma africana.

Colombia ha pasado a la primera fila para firmar este tratado, debido al rotundo fracaso de la reunión de la Organización Mundial de Comercio OMC en Cancún en septiembre. Allí se demostró que el “libre comercio” es una mentira para los pobres, pues los países ricos se negaron a eliminar sus subsidios a las exportaciones agrícolas, donde las lucha campesina a través de la vía Campesina Internacional, logró este objetivo y seguirán en el mes de julio de este año en Ginebra Suiza, ¿Cuál libre comercio, cuando se compite con productos agropecuarios subsidiados por Estados Unidos, Japón o Europa? La mayoría de países del tercer mundo eliminaron sus políticas de fomento y los institutos agropecuarios estatales, como resultado de las políticas neoliberales, mientras que Estados Unidos aumentaba sus subsidios, farsa que quedó al descubierto en Cancún

Organizarnos para vencer

La victoria del pueblo colombiano contra el proyecto fascista, el TLC, el ALCA, el Plan Patriota y por revocar las medidas que han destruido sus derechos, solamente puede ser exitosa si avanzamos en la organización social y política.

En lo que se refiere al movimiento campesino, en medio de las gigantes dificultades que nos imponen la continuidad de la guerra sucia, las masacres, las detenciones masivas y la represión a las movilizaciones de protesta, así como la desinformación de los grandes medios de comunicación, necesitamos en especial dedicar nuestros esfuerzos a fortalecer y ampliar la Convergencia Campesina, Negra e Indígena y a divulgar el Mandato Agrario aprobado por el Congreso Agrario Unitario del 7 y 8 de abril de 2003, programa común de campesinos, indígenas y afro colombianos, por el que luchamos decididamente.

Coincidimos con las demás organizaciones en hacer esfuerzos unitarios para que las demás organizaciones agrarias también se movilicen por

I. Retiro de Colombia de las negociaciones del TLC. No al ALCA, defensa de nuestros recursos naturales, de nuestra biodiversidad, nuestras semillas, del patrimonio y propiedad intelectual y cultural colectivos y de la producción nacional agropecuaria.
II. Derecho a autoabastecerse de alimentos sanos, nutritivos y balanceados. Soberanía Alimentaria. Apoyo estatal prioritario a los mercados campesinos y trueques rurales y con la población urbana.
III. No más alzas contra el pueblo: No al lVA a los alimentos, atrás las alzas de la gasolina, los medicamentos, los insumos agropecuarios, la educación y la electricidad.
IV. No al Plan Colombia; alto a la fumigación aérea de cultivos campesinos; planes alternativos con perspectivas de éxito basados en entrega de tierras buenas y precios de sustentación para los productos.
V. Respeto a los derechos humanos; no más masacres; libertad de protesta y organización; alto al uso de la política de “seguridad democrática” y el Plan Patriota para golpear a las comunidades, las organizaciones populares y los líderes campesinos, indígenas y afro colombianos.
VI. Reparación plena para todas las víctimas de la violencia y de los proyectos de inversión que deterioran el ambiente. Verdad y Justicia, no a la impunidad. Derogatoria de las normas que legalizan el despojo de la tierra de los desplazados.
VII. NO a las reformas constitucionales que desnaturalizan la acción de tutela, limitan la independencia del poder judicial y las facultades de la Corte Constitucional, golpean las libertades democráticas y eliminan el carácter de entidad territorial de TODOS LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.
VIII. Defensa de la territorialidad campesina, indígena y afro colombiana y la diversidad cultural; defensa de los resguardos indígenas, tierras colectivas de las comunidades negras y reservas campesinas; distribución de las 4 millones 700 mil hectáreas aptas para la agricultura que están desperdiciadas en manos del latifundio especulativo; retorno de los desplazados a sus parcelas; alto a los embargos, desalojos y remates por deudas de los productores agropecuarios.
IX. Cumplimiento de todos los acuerdos suscritos por el gobierno nacional y demás autoridades con las comunidades y organizaciones. Durante los últimos 10 años

Los Campesinos Colombianos exigimos Justicia y castigo ejemplar a los culpables intelectuales y materiales del genocidio contra nuestras comunidades y a la vez respaldamos al movimiento nacional de crímenes de Estado para que siga convirtiendo en un instrumento de unidad y lucha contra la impunidad, la discriminación de la protesta social y que sirva de instrumento para enfrentar las políticas fascistas del Gobierno de Álvaro Uribe, el Imperialismo y los dueños del gran capital.
Propendemos que este movimiento se abandere de un gran proyecto de ley que contribuya a una verdadera reconciliación de la sociedad colombiana, y que entre todos exijamos la reconstrucción de la memoria histórica a través del esclarecimiento de los asesinatos, desapariciones, masacres, torturas, desplazamientos y demás hechos de violencia, la reparación integral de las victimas y a la aplicación de la justicia a los responsables de de hechos violatorios contra los Campesinos y el Pueblo Colombiano.

ESTAMOS SEGUROS, QUE NUESTROS PUEBLOS SERAN SUPERIORES A SUS TIRANOS, QUE ES POSIBLE CONSTRUIR EL NUEVO PAÍS CON PLENAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ DURADERA.

POR UNA COLOMBIA SIN LATIFUNDIO, CON PAZ Y JUSTICIA SOCIAL ........ ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA.

FENSUAGRO
Bogota, Julio del 2006

CONVERGENCIA CAMPESINA NEGRA E INDIGENA

FENACOA
CNA
ANUC-UR
CND
FENSUAGRO
ONIC
PCN
FEAC
SINTRAINCODER