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Las intervenciones en la Audiencia Congresional en Arenal insisten en la reactivación de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar

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Escrito por Notiagen  |  Categoría: Actualidad
Última actualización en Lunes, 16 Julio 2012 11:37  |  Visitas: 2246

El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro solicitó al Congreso de la República la autorización para realizar una Audiencia Congresional que la plenaria aprobó con el objetivo de trasladar una de las funciones del Congreso al Sur de Bolívar: escuchar a la población y ejercer control político. Más de 250 personas participaron en el evento procedentes de los municipios Ríoviejo, Santa Rosa, El Peñón, Norosí, Morales, Arenal, Tiquisio y San Pablo. Unas 200 personas no pudieron llegar a la Audiencia por el mal estado de las vías mientras Milena Quiroz, representante de la comunidad de Arenal, afirmó que se habían generado rumores que han afectado la participación de la comunidad: «Corrió el rumor que la Audiencia era un acto de sabotaje a la seguridad ciudadana para afectar el orden público».

Desarrollo de la Audiencia Congresional


Tras los saludos de los diferentes representantes de los municipios del Sur de Bolívar y de Corposerranía, Pablo Santiago y Narciso Beleño explicaron la historia de la Mesa de Interlocución.

El público asistente expresó sus opiniones a través de diferentes intervenciones y carteles con quejas y propuestas.

Todas las intervenciones agradecieron al congresista el impulso de la Audiencia y su compromiso con la región; gran parte de ellas se quejaron por la falta de asistencia de representantes del gobierno nacional o departamental, de los diferentes organismos estatales, de ministerios o representantes locales. De todos los entes estatales convocados a la Audiencia sólo acudieron delegados de Parques Naturales e INVIAS; también asistieron el alcalde y un concejal de Norosí, un concejal de Arenal y otro de Ríoviejo. El Defensor del Pueblo regional del Magdalena Medio llegó cuando se estaba dando el cierre de la Audiencia.

El presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), Teófilo Acuña, explicó cuál era la situación actual en la región en cuanto al cultivo de palma aceitera, la minería, la declaratoria de la Serranía de San Lucas como Parque Natural Nacional o la inversión social.«Decimos no a la palma, sí al pescado, sí a la vida»

Intervención de Teófilo Acuña, presidente de FEDEAGROMISBOL: «La Mesa de Interlocución es una necesidad, no un capricho».

Esa fue la frase de Teófilo Acuña, quien añadió: «La producción de palma sigue creciendo en detrimento del desarrollo de la región que está siendo declarada como zona franca; donde la gente cultivaba arroz hoy se siembra palma». Además, para la siembra de palma se secan ciénagas que afecta la pesca de los habitantes. El ejemplo del municipio Regidor es ilustrativo: el 70% de las tierras aptas para cultivo, sin contar las ciénagas que han secado las empresas palmeras, son para la palma aceitera. «Los grupos armados siguen desalojando territorios mientras el cultivo de palma crece; se aproxima una crisis de hambre», sostiene Acuña.

El presidente agrominero afirmó que «el 100% del Sur de Bolívar está concesionado para minería, incluyendo caños y humedales, incluso cascos urbanos como Santa Rosa». Resaltó que sólo el 1% de esas concesiones son para la comunidad, pero está en riesgo de perderse por diferentes decretos y leyes que obligan a los pequeños mineros a cumplir los mismos requisitos que las multinacionales. «Ronda un nuevo proyecto de reforma al Código de Minas más nocivo aún que el vigente; los mineros pequeños vamos a ser expulsados de la región y las retroexcavadoras son parte de la estrategia de expulsión del territorio, esta es la real minería ilegal».

«Continúa incrementándose el paramilitarismo en la región, aumentan las amenazas»

«Han dicho que vienen a retomar y controlar el territorio: La Aventura, Dos Bocas, Quebrada del Medio o Malena son sitios donde tienen bases». En lo que va de año, FEDEAGROMISBOL denuncia que unas 40 personas han sido asesinadas en el Sur de Bolívar por parte de grupos paramilitares y guerrilleros por lo que insiste que «la Mesa de Interlocución es una necesidad, no un capricho». Los hechos más recientes sucedieron el 17 de agosto pasado, una movilización en Arenal en septiembre denunció la masacre de tres personas en Arenal por parte de grupos paramilitares en el sitio denominado Casa Zinc (municipio de Montecristo). «Las comunidades saben que son los mismos paramilitares de antes: llegaron los mismos que antes tenían el brazalete de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]».

Las comunidades del Sur de Bolívar han intentado reactivar la Mesa de Interlocución en diferentes ocasiones mediante comunicaciones escritas, en distintas reuniones con varias autoridades e incluso con derechos de petición.

Acuña asegura que los Consejos de Seguridad no sirven para nada distinto que para agravar la situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario: «Ha habido asesinatos por parte de la Policía y el Ejército; en San Pedro Frío un comandante del Ejército aceptó que sus hombres cambiaban droga por granadas; el Ejército patrulla con los paramilitares con la cara tapada».

El Defensor del Pueblo regional del Magdalena Medio, Christian Gordón Chaparro, expresó: «Es claro que existe control territorial de actores ilegales por el control de la explotación minera ilegal, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico».

«No hay acueducto con agua potable en ningún municipio»


En cuanto a la inversión social, Acuña insistió en que hay un problema grave de falta de agua potable y que el tema de salud es absolutamente precario. Afirma que el 70% de la educación lo asume la comunidad garantizando el transporte, el alojamiento y la alimentación de docentes e incluso la construcción de escuelas.

También hubo reclamos sobre las vías de la región que están dañadas y aseguran que muchas han sido construidas por las comunidades. El delegado del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Jorge Danilo Rojas Castro, mostró su disposición a participar en la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar para mirar de afrontar los problemas descritos.

Discrepancias frente a la declaratoria de Parque Natural Nacional


Muchas intervenciones de los asistentes se refirieron a la posible declaratoria de la serranía de San Lucas como Parque Natural Nacional. Afirman que ello comportaría la expulsión del territorio de por lo menos 52.000 personas en el municipio de Santa Rosa ya que esa figura excluiría cualquier actividad humana como el cultivo, la pesca, la ganadería o la tala de árboles.

Mientras algunas intervenciones aseguran que ya les han informado que sólo falta la declaración de Parque Natural Nacional y que incluso ha habido reuniones de socialización para ello, la asesora de la Dirección General de Parques Naturales, Constanza Atuesta, afirmó que el organismo estatal está en disposición de iniciar un proceso de diálogo para una iniciativa de conservación en la serranía de San Lucas para armonizar las iniciativas de conservación de la comunidad con las del Estado. Parques Naturales contrata a Proyectos y participación de Aguas y Tierras (PROCAT) para que haga una propuesta y la funcionaria señala que «la propuesta del contratista no constituye la decisión sobre la declaratoria de Parque Nacional».

Insiste en que hasta ahora sólo se ha recogido información para un diagnóstico y que la declaratoria de Parque Nacional tiene que ser rigurosa y exige muchos pasos. Afirmó: «La declaratoria no la vamos a sacar adelante sin la concertación de la comunidad; ese proceso apenas está arrancando». Asimismo, resalta que es importante que la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar se dinamice para poner en común las iniciativas de conservación y protección de la serranía de San Lucas.

Teófilo Acuña ponía en duda que la declaratoria de Parque Nacional fuera para proteger ambientalmente el territorio, sino una estrategia para favorecer la gran minería: «Hoy en día hay 36.400 hectáreas concesionadas en Parques Naturales». INGEOMINAS entregó durante el gobierno de Álvaro Uribe 38 títulos mineros que equivalen al 0,3% del total de las áreas de Parques Nacionales. Actualmente hay 360 solicitudes de títulos sobre 193.274 hectáreas, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente. Atuesta reafirmó que toda minería tanto superficial como subterránea está prohibida en un Parque Nacional y reconoció que INGEOMINAS ha otorgado concesiones en parques nacionales, lo cual ha sido demandado.

Las intervenciones del público insistían en que se busquen figuras de protección que incluyan al campesinado y que contemplen la historia y la capacidad de conservación ambiental de la comunidad porque alguna denunciaba que la reserva de zona forestal ha perjudicado el desarrollo de la región porque los agricultores no han podido titular predios.

Satanización de la Audiencia

Milena Quiroz aseguró que las comunidades legitiman a la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar para que represente a la población e interlocute con el Estado para buscar una solución dialogada a las problemáticas de la región. Todas las intervenciones reconocían la necesidad de la reactivación de este espacio de diálogo y su importancia por el bien de la región.

Sin embargo, Quiroz informó que gran parte del pueblo de Arenal no se hizo presente en la Audiencia porque está atemorizado. Según miembros de la Mesa de Interlocución el alcalde dijo a los medios que la Audiencia era una movilización para bloquear las vías. Iván Cepeda aseveró que toma nota de lo que un alcalde afirma sobre un acto oficial del Congreso. Pablo Santiago (FEDEAGROMISBOL) dijo que hoy en día se sigue satanizando esta Mesa aunque es el espacio para resolver problemas y defender la región.

Iván Cepeda: «Las instituciones han desconocido la Mesa de Interlocución y sus compromisos y el objetivo de la Audiencia es reactivar esa Mesa para que sea un espacio de diálogo».

Cepeda explicó la función de la Audiencia: «Esta Audiencia es de carácter oficial, no es un acto simbólico ya que hace parte de la función de control político de los congresistas. Una vez recibidas las quejas e informes, mi función es trasladar esa información para tomar cuanto antes medidas y procesos para solucionar problemas».

El congresista señaló que el acta firmada por los asistentes es un compromiso público con la comunidad que tiene sus efectos y citó algunos ejemplos de estas audiencias. Habló de la realizada en San Onofre (Sucre) en noviembre de 2008 cuyas denuncias originaron la encarcelación de varios concejales y del alcalde por vínculos con grupos paramilitares. También en julio de 2008, una audiencia en La Macarena (Meta) facilitó que la Fiscalía investigara 2.000 cuerpos sin identificar hallados en fosas comunes.

«No vengo en plan turístico. Las instituciones han desconocido la Mesa de Interlocución y sus compromisos y el objetivo de la Audiencia es reactivar esa Mesa para que sea un espacio de diálogo».

Ver video del cierre de la Audiencia Congresional por parte del representante a la Cámara Iván Cepeda:

Historia de la Mesa de Interlocución

La Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar se instaló en 2005 a raíz de la preocupación de las comunidades agromineras de la región por la crisis humanitaria y de derechos humanos y para obtener garantías para el desarrollo de la labor de defensa de la vida y permanencia en el territorio. El punto de partida es simple: consideran que como ciudadanos colombianos tienen derecho a participar de las decisiones que se tomen sobre sus vidas y su territorio. Con esta motivación se construyó un escenario de dialogo e interlocución con las instituciones estatales del orden nacional, regional y local.

Los primeros puntos de discusión fueron el derecho a la vida y el territorio; los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario; la paz y los acuerdos humanitarios; y el desarrollo e inversión social. Tuvieron lugar diversas reuniones de la Mesa de Interlocución en los años siguientes hasta que en febrero de 2009 una sesión de la Mesa sobre Vida y Territorio fue la última reunión de estas características. Para Teófilo Acuña, «se rompe la Mesa de Interlocución cuando empieza a discutirse el tema de tierras; luego del rompimiento se agravaron los problemas».

Las comunidades del Sur de Bolívar han intentado reactivar la Mesa de Interlocución en diferentes ocasiones mediante comunicaciones escritas, en distintas reuniones con varias autoridades e incluso con derechos de petición.

La Audiencia Congresional en Arenal fue posible gracias a los esfuerzos logísticos y económicos de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar integrada por las diversas comunidades presentes así como por la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL) con el acompañamiento de diferentes organizaciones como la Corporación Sembrar, Consejería en Proyectos- PCS Colombia, la Diócesis de Magangué, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP).

 

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