Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

El descubrimiento en 2008 de que las fuerzas de seguridad habían ejecutado extrajudicialmente a decenas de hombres jóvenes de Soacha, una localidad pobre cercana a la capital, Bogotá, obligó al gobierno a reconocer finalmente que las fuerzas de seguridad eran responsables de ejecuciones extrajudiciales y a adoptar medidas para abordar el problema. Los homicidios, cuyas víctimas fueron falsamente presentadas por el ejército como “guerrilleros muertos en combate” (y en ocasiones como “paramilitares muertos en combate”), se llevaron a cabo en connivencia con grupos paramilitares o bandas de delincuentes. Los jóvenes habían sido atraídos al norte del país con promesas de empleo remunerado, pero posteriormente los mataron. En la mayoría de los casos los soldados recibieron dinero, días de permiso y una carta de felicitación de sus superiores, como recompensa por haber “matado a un miembro de la guerrilla”.

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Revelations in 2008 that the security forces had extrajudicially executed dozens of young men from Soacha, a poor neighbourhood near the capital Bogotá, forced the government to finally acknowledge that the security forces were responsible for extrajudicial executions and to adopt measures to combat the problem. The killings, which were falsely presented by the military as “guerrillas killed in combat” (and sometimes as “paramilitaries killed in combat”)
were carried out in collusion with paramilitary groups or criminal gangs. The young victims were lured to the north of the country with promises of paid employment and were subsequently killed. In most of these cases, as a reward for having “killed a guerrilla member” soldiers received money, extra days of holiday and a congratulations letter from their superiors.

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