La prohibición constitucional del paramilitarismo es garantía de no repetición

 

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, movimientos sociales, políticos, los congresistas y en general las personas abajo firmantes, comprometidas con la implementación del Acuerdo Final como parte de la construcción de una paz estable y duradera, respaldamos el Proyecto de Acto Legislativo 015/2017 Cámara – 004/2017 Senado “Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado” que hace tránsito a su último debate en el Congreso de la República.

 

 

La Red de Derechos Humanos de la Mesa regional de organizaciones sociales del Putumayo, baja bota caucana y Cofanías Jardines de Sucumbíos de Ipiales Nariño, denuncia nuevas infracciones al Derechos Internacional humanitario y a los derechos de los campesinos de la región.
 

Durante la audiencia de casación ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de enero, la corte admitió el recurso que fue sustentado por el abogado del profesor Miguel Ángel Beltrán. La corte tiene un plazo de 60 días para dar respuesta.

El siguiente es el comunicado de la organización Ríos Vivos del departamento de Antioquia ante la grave situación de riesgo que viven los campesinos del municipio de Briceño, en donde se adelanta la misión de desminado humanitario:

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos informa a  todas las organizaciones de DDHH, movimientos sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles y movimientos campesinos,  que el Movimiento Nacional Carcelario, el próximo 23 de Febrero de 2016,  realizará un plantón por el cierre de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, la Tramacúa, a las 10:00 a.m en diferentes  ciudades del país.

El primero de diciembre del año 2001, en el Páramo de la Sarna (Vía Sogamoso- Labranzagrande), un bus que cubría este trayecto fue detenido por un grupo de hombres armados, pertenecientes al grupo paramilitar Autodefensas del Casanare. Los paramilitares hicieron bajar a los 18 pasajeros del bus, acostarse boca abajo y posteriormente, ejecutaron a 15 de ellos con dos disparos en la cabeza. Sobrevivieron dos menores de edad y una mujer de la tercera edad.

Si bien el Estado colombiano ha realizado en los dos últimos años diferentes actos simbólicos como medidas de satisfacción en homenaje a las víctimas de la masacre de La Rochela y sus familiares, 27 años después de la masacre y 9 años después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado por estos hechos, no hay avances significativos en materia de justicia, mientras que en materia de reparación integral medidas como becas estudiantiles, oportunidades laborales y atención en salud para las familias de las víctimas no se han cumplido.

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