Movimientos sociales del suroccidente Colombiano En Minga Por la Paz

El movimiento social del suroccidente colombiano continua trabajando por la construcción de la paz en nuestro país, acompañamos los avances que en materia de negociación y dialogo adelantan El Gobierno con las FARC en la mesa de la habana y solicitamos a que se instalen formalmente los diálogos con el ELN y que el EPL sea incluido en estas iniciativas. Como movimiento social exigimos nuestro espacio para ser tenidos en cuenta en los diálogos, negociación e implementación de los escenarios de paz que se adelantan.

 

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Por el  al respeto a la vida, a la dignidad de las personas, libertades democráticas,  la defensa de nuestro  territorio y  por la participación de la sociedad  civil en la Mesa de Negociación para un Proceso de Paz con Justicia Social.

  lunes 10 de diciembre  a las 8:30 a. m. desde  la  Glorieta de la  Grama a la Cámara de Comercio de La Avenida  40

Invitan: Mesa Humanitaria del Meta  y sus Sectores: Sector Afrodecendientes, Mesa Indígena, Macupaz, Sector Mujeres, Mesa Infancia y Adolescencia, Sector Campesinos, Sector de Desplazados, Sector de Victimas, Mesa de Medios Para La Paz. Organizaciones Sociales: SINTRAGRIM,  Fundación  Proyecto Vida, CIVIPAZ Villavicencio, UNFAMIS, ASPODEGUA, Red de mujeres en situación de desplazamiento, FUNDARINOQUIA, Plataforma Juvenil Objetemos Conciencia, Barrio 13 de Mayo, Barrio La Reliquia, Barrio Portales del Llano, INCOPAZ,, y el Movimiento -de víctimas de Crímenes de Estado capitulo Meta

En la declaración del MOVICE: “Un proceso de paz con participación de las víctimas” formulada en Bogotá los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2012, con delegados y delegadas del MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO –MOVICE- de todo el territorio colombiano, incluyendo el departamento de Nariño, se acordó, entre otros, los siguientes puntos: i) Respaldar las iniciativas exploratorias tendientes a la “apertura de diálogos y una agenda para iniciar un nuevo proceso de paz en Colombia” entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional, así como el comienzo de la búsqueda de una salida política al conflicto político, social y armado. ii) Movilizarse, articular y converger en un solo movimiento social a favor de la paz y la solución negociada al actual conflicto político, social y armado.

Porque no se puede silenciar la historia, porque los recuerdos del horror están presentes, porque las grandes mayorías no saben que todo es posible, porque debemos reintegrar a la memoria colectiva lo que de olvidarse retornaría, nosotros, miembros de la Comisión Internacional de Esclarecimiento, convocados por las víctimas de la Comuna Trece de Medellín a diez años de la Operación Orión −ejecutada por fuerzas militares y policiales del Estado colombiano en coadyuvancia de autoridades judiciales−, queremos brindar un balance preliminar a partir de los testimonios y documentos recibidos, y de lo que pudimos observar in situ.

La Coordinación Nacional de Desplazados – CND denuncia públicamente que el día sábado 13 de octubre llegó a su correo institucional una nueva amenaza contra varias organizaciones de víctimas, y organizaciones defensoras de derechos humanos, que se suma a las amenazas recibidas los días 2 y 3 de octubre. En este caso el remitente se denomina “COMANDOS URBANO EJERCITO COLOMBIANO ANTI RESTITUCIÓN”, y la dirección de correo electrónico desde la cual fue enviada es la misma que usaron previamente para amenazarnos, a saber: ejercitoantirestitucioncolombia@yahoo.es.

El texto de la amenaza es el siguiente:

 COMANDO URBANO

Con un recorrido a algunos de los barrios de la Comuna 13 de Medellín que vivenciaron las graves violaciones a los derechos humanos a partir de las operaciones militares efectuadas, entre 2002 y 2003, este 16 de octubre se instaló la Comisión Internacional de Esclarecimiento sobre graves violaciones a los Derechos Humanos en la Comuna 13 de Medellín.

Bogotá 16.06.2015 – Durante el año 2014 cada tres días dos mujeres eran violadas dentro del contexto del conflicto armado colombiano. Sin embargo, casi ningún caso de violencia sexual llevó a una condena. De tal forma, el Estado colombiano priva a las mujeres de la protección de delitos sexuales y del acceso a jurisdicción que según normas nacionales e internacionales está obligado a garantizar.

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