Derechos Humanos

Continúa la impunidad: caso de Nicolás Neira podría ir a la Justicia Penal Militar

En la audiencia de imputación de cargos al agente del Esmad, Néstor Julio Rodríguez Rúa, por el homicidio de Nicolás Neira, el juez de garantías decidió pasar el caso a revisión del Consejo Superior de la Judicatura para que se pronuncie sobre la posibilidad de llevarlo a la Justicia Penal Militar.

 

El Consejo Superior de la Judicatura ordenó que el caso lo lleve la justicia ordinaria, y compulsó copias para ordenar investigación por la tardanza y negligencia en el caso de Nicolás Neira, asesinado por el ESMAD cuando tenía 15 años. Los últimos dos fiscales que conocieron el caso, Juan Carlos Molina y Luis Ernesto Orduz, serían algunos de los investigados, situación por la que incluso tendría que responder el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.

 

Llama profundamente la atención, el hecho de que pese a que la decisión de 8 del octubre de 2007 se instó a la Fiscalía General de la Nación a imprimir celeridad al trámite de la actuación penal, proceda a radicar solicitud de audiencia preliminar para la formulación de imputación y solicitud de imputación de medida de aseguramiento, el 9 de junio de 2017, es decir casi 10 años después”, se lee en la decisión del Consejo Superior de la Judicatura.

 

Debido a los graves hechos de violación de derechos humanos denunciados ayer por la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, y otras organizaciones, realizamos un plantón en la mañana en diferentes ciudades y municipios del país. Se exigió un proceso de verificación y se denunció públicamente el asesinato de 9 campesinos y las agresiones en las que 18 personas fueron heridas por agentes del Estado en Alto Mira y Frontera.

 

“Esta es una tragedia prácticamente anunciada. Desde hace meses las organizaciones sociales venían denunciando el uso desproporcionado de la fuerza de los militares y el ESMAD a fin de erradicar los cultivos de uso ilícito”, aseguró Erika Gómez, integrante del Movice. La expresión pública de rechazo por la masacre y de solidaridad con Tumaco en Bogotá, se llevó a cabo frente al Palacio de Nariño.

 

Las organizaciones de la sociedad civil y personas aquí suscritas, algunas articuladas en el marco del Conversatorio “Cese al fuego: Avances en Quito ¿Y la Sociedad Civil dónde?” llevado a cabo el día 25 de septiembre en la ciudad de Bogotá, y otras con gran interés en el tema, reiteramos nuestro beneplácito con el acuerdo de cese al fuego bilateral temporal firmado en Quito el pasado 4 de septiembre y celebramos que su objetivo primordial sea “mejorar la situación humanitaria de la población” considerando que los líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de Derechos Humanos, las organizaciones, comunidades y sus territorios han sufrido con mayor intensidad los impactos del conflicto armado en Colombia.

 

Pronunciamiento Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica - CAVIDA

Hemos conocido que la Secretaría de la Jurisdicción Especial de Paz, otorga libertad al General ® Rito Alejo del Río Rojas, según medios de información, conforme a los principios que en esta materia rigen por el Acuerdo hacia la Paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC – EP.

 

Saludamos la disposición del General del Río a comparecer ante la JEP, un mecanismo inédito centrado en la verdad, que nos permitirá esclarecer a fondo, si es la voluntad de todos, lo que sucedió en la operación Génesis que generó nuestro desplazamiento, los responsables y beneficiarios que se encuentran ocultos.

 

Prensa CSPP

Tres meses y 18 días han transcurrido tras el vil asesinato de Bernardo Cuero, quien se desempeñaba como Fiscal Nacional y coordinador en el Atlántico de la Asociación Afrocolombianos de desplazados (Afrodes), miembro  de la Mesa de Víctimas de  ese departamento, representante legal de una organización social de Malambo, líder comunal y tallerista sobre reparación colectiva.

 

Su asesinato ocurrió el pasado 7 de junio, cuando dos hombres llegaron en una motocicleta de color negro y le dispararon  mientras él observaba un partido de fútbol en el barrio Villa Esperanza, ubicado en el Municipio de Malambo.

 

Mucho se habló sobre su asesinato, sobre todo el hecho de que fuera una muerte anunciada  a la que ninguna institución hizo caso. Según sus familiares, Bernardo venia pidiendo protección al Estado para seguir realizando sus actividades.

 

“En 2013 él había solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad tras recibir diferentes amenazas contra su vida, sin embargo, ninguna de sus solicitudes fue atendida”.  Señaló una de sus familiares.

 

Blanca Nubia Díaz, a sus 69 años, siente el crujir de sus huesos y el de su alma al recordar a su hija Irina del Carmen Villero, quien fue torturada, violada y posteriormente asesinada por paramilitares en la Guajira. “Ojalá nos alcance la vida” es el informe realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que recopila diferentes historias y relatos de personas mayores víctimas del flagelo de la violencia y del rastro de crueldad que han dejado 50 años de guerra en nuestro país.

 

Dos seres queridos arrebatados por los paramilitares

 

Blanca Díaz, del Movice Bogotá, es un claro ejemplo de resistencia, fortaleza y amor tras haber perdido a su esposo Rubén Antonio Loperena, un conocido curandero de Rioacha y un líder de la comunidad. Él fue asesinado en Maicao (La Guajira) en junio del año 2000, y en menos de un año, Blanca tuvo que soportar la muerte de Irina, también a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

 

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