Derechos Humanos

El Parlamento de Cataluña reitera su apoyo al Capítulo Sucre del Movice

La comunidad Catalana ha mostrado su apoyo a la tarea de activistas, líderes de las comunidades y las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia. Recientemente en una declaración institucional, leída en el Parlamento de Cataluña, ha mostrado su preocupación por la grave situación de violencia que se presenta contra los líderes sociales, aun después de firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC.

 

20 años se conmemoran de las masacres ocurridas en Mapiripán – Meta entre julio  de 1997 y mayo de 1998, cuando  aproximadamente un centenar de integrantes del grupo paramilitar “Autodefensas Unidas de Colombia”, AUC, estrategia de terror promovida por altos oficiales del Ejército Nacional, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a decenas de civiles, desplazando a millares de ellos. “Habrán muchos más mapiripanes” dijo Carlos Castaño el jefe paramilitar de la época, regando de sangre el territorio nacional.

 

La masacre que hizo parte del proyecto de expansión paramilitar en los llanos orientales, se inició  en el casco urbano del municipio de Mapiripán, fue avanzando por veredas y corregimientos como Puerto Alvira, La Cooperativa, Charra, entre otras, convirtiéndose quizás en uno de los hechos más macabros de la historia reciente de nuestro país.

 

La comunidad Catalana ha mostrado su apoyo a la tarea de activistas, líderes de las comunidades y las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia. Recientemente en una declaración institucional, leída en el Parlamento de Cataluña, ha mostrado su preocupación por la grave situación de violencia que se presenta contra los líderes sociales, aun después de firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC.

 

“Colombia se encuentra en un momento histórico de construcción de paz, pero esta paz no puede suponer más impunidad”, dice la declaración, “Sin justicia no habrá paz real, y es por ello que se tiene que garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

 

El IV Encuentro Departamental de Familiares de Víctimas De Desaparición Forzada, se llevó a cabo entre el 27 y 28 de junio en Cali. Este espacio se convirtió en un momento de reflexión sobre este grave delito, las oportunidades que traerá la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y las exigencias al Estado para sacar de la impunidad los casos de miles de víctimas.

La Desaparición Forzada es usada hace décadas en nuestro país como práctica criminal que obedece a múltiples razones de carácter político, económico y social. En el Valle del Cauca, principalmente en la ciudad de Cali, Buenaventura y Norte del departamento, el delito de desaparición de personas se configura de manera más regular en razón a la vigencia de las Estructuras paramilitares.

Luego de ser identificados, el 7 y 9 de junio se realizó la entrega de cuerpos en el marco de la campaña “Contemos la Verdad ¡porque todas las personas no identificadas tienen una historia!” adelantada por el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (CsOFB) en el departamento del Meta.

La ceremonia que tuvo lugar el miércoles 7 se realizó en el Hotel Santa Bárbara, entre Acacias y Villavicencio, hacia las nueve de la mañana. Las familias de Ferney Echeverri Bermúdez, Yeiler Andrés Cubides Zuluaga y Robinson Luango Rodríguez, pudieron recibir dignamente los restos de sus seres queridos. Lo mismo ocurrió con las familias de Fabián Alejandro Aguirre Urrea y de Miller Malver Lozano, esta vez el viernes 9 en el municipio de Vista Hermosa.

 

Avance de las medidas humanitarias inmediatas

En las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación se presentaron, el 12 de junio, alrededor de 25 líderes y lideresas sociales sobre los que pesan investigaciones y, en algunos casos, incluso se habló de órdenes de captura. Estos procesos, según han denunciado varias organizaciones sociales que los acompañaron, hacen parte de una persecución judicial al movimiento social por parte de los organismos estatales.

“Queremos manifestar que hoy, con nuestra frente en alto, venimos a reivindicar el hecho de ser líder y lideresa social”, expresó Marylen Serna, vocera del Congreso de Los Pueblos y una de las lideresas que se presentó ante al ente investigador. “Justamente la lucha por la vida y la defensa de los derechos humanos es otra de las razones que nos tiene aquí… Nos ha llevado a que los organismos del Estado nos judicialicen, nos amenacen y nos persigan”, afirmó.

La comunidad, principalmente personas desplazadas y en condiciones de vulnerabilidad, solicita garantías para evitar represiones de la Polícia Militar que hace tres días hace presencia. Desde hace dos años, se oponen a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que afectaría su calidad de vida.

La construcción de casas y apartamentos de interés social se ubica al occidente de la ciudad. En el lote continuo, la administración continúa las obras a pesar de las audiencias y la oposición de los habitantes del sector.

 

Popayán, 13 de junio de 2017

Alerta Temprana

Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos abajo firmantes solicitamos el acompañamiento y seguimiento ante el inminente riesgo que puede presentar a la comunidad del Valle del Ortigal en el municipio de Popayán frente a la presencia excesiva de fuerza pública, Policía.

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