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6 de marzo: una década de movilización y lucha contra la impunidad

Hace diez años, cientos de miles de personas nos movilizamos en más de 82 ciudades en el mundo, 20 de ellas colombianas, para exigir que no se borrase ni de la memoria de los y las colombianas, ni del debate público, la existencia de las víctimas de crímenes de Estado. Ahora, presentamos la memoria audiovisual de lo que han sido estos espacios de lucha por la justicia y la verdad.

 

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Informamos a la opinión pública que el Juzgado 43 Penal del circuito especializado de Bogotá admitió la acción de tutela que presentamos contra el Centro Nacional de Memoria Histórica dirigido por Gonzalo Sánchez Gómez.   

 

En esta acción constitucional hemos solicitado la protección de los derechos a la verdad, la memoria y la participación de las víctimas de la Unión Patriótica en la construcción de medidas de satisfacción y reparación, ante la inminente publicación y difusión del inconsulto informe denominado “Todo pasó ante nuestros ojos - el Genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”.

 

El pasado 15 de julio vencieron los cinco meses establecidos por el Gobierno nacional en el decreto 288 de 2018 para la entrada en funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado (UBPD). Dentro de ese plazo han debido expedirse los decretos que permitieran la adopción de la totalidad de la estructura interna y la planta de personal requerida para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad por la Constitución y la ley, previa entrega por parte de esta al Gobierno de los documentos requeridos para tal efecto.

 

Dicha situación es preocupante principalmente porque constituye un incumplimiento de los compromisos y obligaciones del Estado con las víctimas de la desaparición en Colombia, en especial frente al deber de realizar acciones concretas que estén orientadas a encontrar a todas las personas desaparecidas y conocer la verdad de lo sucedido, y profundiza la desconfianza de la sociedad hacia la genuina voluntad del Estado en atender a las víctimas de crímenes contra la humanidad.

 

El 15 de febrero de 2018 el Gobierno Nacional emitió los decretos 288, 289 y 290 mediante los cuales se aprobó una planta parcial, nomenclatura parcial y estructura parcial de la UBPD.

 

En el artículo 5 del decreto 288 se estableció que la UBPD debía diseñar la estructura, planta y nomenclatura definitiva de la institución a fin de que entrara en funcionamiento a más tardar dentro de los cinco meses contados a partir de la fecha de aprobación del decreto.

 

El plazo se venció el pasado 15 de julio y aún no se ha completado el proceso de firmas de los decretos que definen la planta, estructura y nomenclatura final de la UBPD. Los decretos han sido firmados por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Ministerio de Justicia, pero las firmas del Ministerio de Hacienda y la Presidencia siguen pendientes.

 

Por: Prensa Corporación Jurídica Libertad. 

 

Una noticia ha sorprendido a la opinión pública, particularmente al movimiento de víctimas de crímenes de Estado. El pasado 17 de julio la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), emitió un comunicado que ha centrado la atención en Mario Montoya Uribe, quien solicitó de manera formal su sometimiento a este Tribunal de Justicia Transicional.

 

La vinculación a la Jurisdicción Especial para la Paz del General retirado de las fuerzas militares Mario Montoya Uribe, no es por si solo una garantía de los derechos de las víctimas.

 

Su vida militar inició el 13 de enero de 1969. Desde esta fecha pasó por treinta y cinco unidades militares, dentro de las cuales ha desempeñado un total de treinta y siete cargos (conocidos legalmente), durante estos años obtuvo treinta y cinco condecoraciones, y ciento treinta y cuatro felicitaciones.

 

Por: Prensa Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

El próximo miércoles 18 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en representación del Estado colombiano, presidirán un acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público, por el asesinato de los jóvenes Oscar Orlando Bueno Bonnet, Jefferson González Oquendo y Jean Carlo Cavarique, menor de edad, cometido el 10 de enero de 1997 en el municipio de Saravena, Arauca.

 

 

Los jóvenes transitaban en dos motocicletas en horas de la noche por el casco urbano del municipio de Saravena, cuando fueron interceptados por miembros del Grupo de Caballería Mecanizada Revéis Pizarro, quienes procedieron a dispararles. En ese momento, los jóvenes se bajaron de las motocicletas y empezaron a correr. Oscar Bueno, luego de ser herido por uno de los soldados, avanzó 200 metros aproximadamente, donde fue alcanzado por uno de los agentes, quien le disparó con un fusil repetidas veces, ocasionándole la muerte.

 

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales –ECCHR, la Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz -CIJP y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores, presentan este 5 de julio un informe a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, sobre la situación de las personas que defienden los derechos humanos y el territorio.

Por: Prensa Cajar.

 

El informe será entregado a la Comisión de la Verdad en el marco del foro "Retos y propuestas frente a los ataques a personas que defienden los derechos humanos y el territorio en Colombia", que se llevará a cabo este 5 y 6 de julio, de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo y el ECCHR, y contará con la participación como observadores de Brigadas Internacionales de Paz, organización humanitaria que acompaña a personas defensoras en su trabajo en terreno.

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