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Decreto que suspende órdenes de captura a fuerza pública es inconstitucional

En el marco de las intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional en la etapa de revisión de las leyes y decretos que implementan en Acuerdo de Paz, el pasado 2 de junio, ocho organizaciones defensoras de derechos humanos (1) junto con el grupo de litigio de la Escuerla de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, solicitamos a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 706 de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia sobre Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y responsabilidad de terceros en Colombia en el marco del conflicto armado interno. Este periodo de sesiones, en donde participaron organizaciones defensoras de derechos humanos y el Estado colombiano, se está realizando en Lima, Perú entre el 3 y el 7 de julio.

 

La principal queja que las organizaciones presentaron en la sesión fue la lentitud en las investigaciones adelantadas por los órganos de control del Estado, que no han permitido esclarecer la magnitud de la relación entre empresarios, políticos y grupos armados ilegales. “Al día de hoy no existen avances importantes en la investigación, judicialización y juzgamiento de estos actores.  Esta es otra deuda que la Fiscalía General de la Nación tiene con la sociedad y con las víctimas”, expresaron en la introducción de la audiencia representantes del movimiento social.

 

Para la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de defensores de Derechos Humanos de Antioquia el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y Marcha Patriótica Antioquia, la paz estable y duradera es una condición inaplazable para el país y la construcción de una mejor democracia en la que hemos invertido nuestros históricos esfuerzos.

En tal sentido, compartimos la preocupación de Alcaldes y Gobernadores que han denunciado el avance de los grupos paramilitares en los territorios dejados por la FARC- EP en el país, especialmente Antioquia.

Sin embargo, hemos analizado en detalle la figura de las Vicealcaldías propuestas por el Gobernador de Antioquia Luís Pérez y consideramos que dicha iniciativa va en contravía de la naturaleza propia del Estado Social de Derecho.

El Encuentro Regional de Refugiados/as, Exiliados/as y/o Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en América Latina y el Caribe, que se realizó del 12 al 14 de junio en Quito, Ecuador, tuvo como resultado la conformación de la “Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe. Constructoras de paz”. Este espacio permite no solo compartir experiencias, sino la posibilidad de asumir posiciones colectivas en el desarrollo de la agenda programática de la defensa de derechos humanos, sobre todo en los casos de desplazamiento forzado y exilio.

La Red es una muestra más de que víctimas en el exterior, en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, se vienen organizando para visibilizarse como sujetos de especial protección constitucional. Las reivindicaciones fundamentales son visibilizar la situación de los exiliados y “demandar unas medidas por parte del Estado de reconocimiento y satisfacción de los derechos de las víctimas” según declaraciones de Carolina López Giraldo, secretaria técnica del Capítulo Caldas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

“El árbol del limón es el único que no se ha secado, sigue dando frutos con alegría. Esperando que algún día se sepa quién arrebató tus sueños”, decían los versos con los que Blanca Díaz, integrante del Capítulo Bogotá del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), iniciaba la conmemoración de su hija, Irina del Carmen Villero Díaz.

 

Irina fue violada, torturada y desaparecida por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La enterraron como NN en una fosa común del Cementerio Central de Riohacha. Blanca tardó más de cuatro meses en encontrarla. El caso, que ha estado bajo investigación desde que ocurrió en 2001, no ha logrado avances que lleven a los responsables del crimen frente a la justicia.

 

En el marco de las intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional en la etapa de revisión de las leyes y decretos que implementan en Acuerdo de Paz, el pasado 2 de junio, ocho organizaciones defensoras de derechos humanos1 junto con el grupo de litigio de la Escuerla de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, solicitamos a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 706 de 2017 que ordena la suspensión de órdenes de captura y medidas de aseguramiento contra agentes de la fuerza pública como parte de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para implementar el Acuerdo de Paz suscrito con las Farc.

 

Las organizaciones que presentaron la intervención ciudadana ante la Corte, le solicitan examinar la conexidad y necesidad, o relación directa, estricta y suficiente de tramitar este Decreto por vía del procedimiento legislativo especial o Fast Track, al considerar que desborda todos los límites del Acuerdo de Paz, y de las competencias asignadas al Gobierno Nacional, y que vulnera los derechos de las víctimas.

 

Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe ser de alto nivel  y sus hallazgos deben ser públicos

 

En el marco del seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, presentaron una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional, pidiendo que se declare constitucional el decreto 589 de 2017 que crea la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, creada por el Acuerdo de Paz, y que se establezcan condiciones que refuercen los derechos de las víctimas en varios aspectos. 

 

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