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Víctimas de crímenes de Estado presentan constancia con sus aportes a la JEP

Ante el rechazo del Gobierno a la proposición que formalizaba la participación de las víctimas de crímenes de Estado en los debates de implementación del Acuerdo de Paz, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) presentamos el día de ayer una constancia con las consideraciones y aportes al proyecto de Acto Legislativo Especial para la Paz 02 y 03, cuyo debate continuó este miércoles 22 de febrero, tras su inicio el día anterior.

 

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El día 24 de diciembre, en horas de la tarde, se conoció por vía telefónica de una fuente directa que hay un plan para asesinar a personas de la comunidad de Bracitos, territorio colectivo de Jiguamiandó.

 

La operación usaría el nombre de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, asesinando al lider Seferino Armanta y otros dos pobladores de la comunidad acusados falsamente de ser colaboradores de la guerrilla del ELN.

 

El acceso a Bracito, comunidad del territorio colectivo es a solo 30 minutos de Llano Rico, desde la base militar del Batallón 54

 

Ayer un grupo armado incursionó en horas de la tarde a Bijao Onofre buscando a la lideresa Rosario Amaya, lideresa de una Zona de Biodiversidad y reclamante de tierras.

 

El grupo se hizo pasar por la guerrilla del ELN pero en el mismo iban personas relacionadad con empresarios ocupantes de mala fe que se vistieron con camuflados. De acuerdo con testigos, uno de ellos expresó que venían por órdenes empresariales.

 

Como integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en calidad de expertos y delegados de las Plataformas de Derechos Humanos, lamentamos el pronunciamiento del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicando que la “inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas”.

 

Estas palabras trivializan uno de los problemas más graves que está viviendo nuestro país y ponen en evidencia una actitud de desconfianza hacia las denuncias de los líderes y defensores de derechos sobre multiplicidad de asesinatos y demás hechos victimizantes que son un ataque generalizado. La historia del país está colmada de denuncias desesperadas e indiferencia, en suma, de muertes que pudieron ser evitadas. Muchos de los hechos victimizantes contra la población en mención no son espontáneos y están relacionados con procesos de exigibilidad de derechos que afectan los intereses de agentes privados implicados o beneficiarios de la usurpación en el marco de la guerra; o han ocurrido en escenarios que deberían ser de construcción de la paz.

 

En la mañana del 14 de diciembre, se recibió información de la existencia de un plan para atentar contra la vida e integridad de miembros del Consejo Menor de Curvaradó, Fray Tuberquia y Santos Torres, así mismo en contra de los líderes Miguel Hoyos, Eustaquio Polo y la lideresa María Ligia Chaverra.  Según la fuente, el plan proviene de vario ocupantes de mala fe y sería ejecutado por la estructura neoparamilitar que ejerce presión en la zona. Este mismo día más de 20 líderes/as sociales estuvieron en Bogotá dando una rueda de prensa y exigiendo garantías de seguridad al Gobierno Nacional. Ante la grave situación, cubrieron sus rostros con máscaras para proteger su identidad. 

 

La fuente indicó que un integrante de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, (AGC) fue escuchado sostener una conversación en un establecimiento público, donde se afirmaba lo siguiente: “Se está a la espera de la orden para asesinar a las y los líderes que hacen parte o tengan alguna relación con la Zona Humanitaria Las Camelias”.

 

Los abajo firmantes, en representación de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, ASOINCA, de la Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC Cauca, Procesos Urbanos, UTEN Popayán, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE Cauca, Por Amor al Arte y la Asociación de Vivienda “Hogar Digno Hogar”, que integran la MESA DE DERECHOS HUMANOS POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, y AUTORIDADES TRADICIONES INDIGENAS DE COLOMBIA, GOBIERNO MAYOR, teniendo en cuenta los graves problemas que afronta el departamento del Cauca en materia de Seguridad y en particular de los dirigentes sindicales y populares, nos vimos obligados a tomarnos de manera pacífica las instalaciones de la defensoría del Pueblo Regional Cauca con el fin de exigir al gobierno nacional mayor atención y medidas urgentes que mitiguen el campo de guerra en que han convertido el departamento.

 

Por: Prensa Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Cajar

La exclusión de crímenes del Estatuto de Roma, como los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, de las amnistías, indultos, y del beneficio especial de renuncia a la persecución penal, conforme está prevista en la Ley de Amnistía, es un aspecto importante del marco jurídico que regula la JEP.

 

Sin embargo, en relación con los crímenes de guerra, el requisito legal de que la conducta haya sido cometida de forma sistemática podría llevar a que se dicten amnistías u otras medidas similares en favor de individuos responsables por crímenes de guerra que, si bien no fueron cometidos en forma sistemática, podrían no obstante estar abarcados por la jurisdicción de la CPI. Un resultado así podría tornar admisible ante la CPI cualquier caso o casos que quedara(n) sin abordar – producto de la inacción nacional o la falta de disposición o de capacidad del Estado en cuestión de llevar realmente a cabo los procesos – y podría también violar normas de derecho internacional consuetudinario.

 

Las víctimas de crímenes de Estado –con el respaldo de 25 organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos– interpusimos una tutela para exigir al Presidente del Senado que envíe el proyecto de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz a sanción presidencial. Estas dilaciones están violando nuestros derechos fundamentales a la Paz, a la participación en las decisiones que los afectan y a la participación política de las víctimas, constituyendo una auténtica verdadera denegación de justicia, que sólo el Juez constitucional puede corregir.

 

El Acto Legislativo en cuestión finalizó trámite en la sesión de la Plenaria del Senado de la República realizada el 30 de noviembre de 2017, en la cual se suscitó la errónea interpretación de creer que el Acto Legislativo no había sido aprobado, cuando en realidad si lo fue porque obtuvo la mayoría absoluta requerida por la Constitución Política y las normas pertinentes. La noción de mayoría absoluta está prevista en el artículo 117 del Reglamento del Congreso.

 

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