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Decreto que suspende órdenes de captura a fuerza pública es inconstitucional

En el marco de las intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional en la etapa de revisión de las leyes y decretos que implementan en Acuerdo de Paz, el pasado 2 de junio, ocho organizaciones defensoras de derechos humanos (1) junto con el grupo de litigio de la Escuerla de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, solicitamos a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 706 de 2017

El próximo 23 de octubre, en Montevideo (Uruguay), se llevará a cabo el 165° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, en el que se desarrollarán dos audiencias sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

 

La primera de ellas, a las 7:45 am hora Colombia (9:45 am hora local), solicitada por 10 organizaciones de derechos humanos y sociales[1], se centrará en la situación de riesgo por la que atraviesan los defensores, defensoras de DDHH, líderes y lideresas sociales en Colombia, a raíz del aumento de las agresiones y homicidios en su contra, particularmente en zonas rurales, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz. Según cifras del informe de Indepaz y Marcha Patriótica, durante el primer semestre de 2017, se registraron 101 homicidios de líderes, lideresas y personas defensoras.

 

Prensa Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Cajar

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, citó a audiencia de juzgamiento al Estado colombiano este 17 y 18 de octubre de 2017, durante el 58 periodo de sesiones extraordinarias en la ciudad de Panamá, por cuatro casos de asesinatos de jóvenes presentados como guerrilleros muertos en combate, cometidos entre 1996 y 1998.

 

Se trata de las ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; Carlos Arturo Uva Velandia, el 21 de junio de 1992; y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el 4 de septiembre de 1995.

 

“No tendría sentido que se impusiera un requisito formal, como lo es el registro de la organización de víctimas, al derecho fundamental de participar de estos procesos políticos en el marco de la implementación del Acuerdo, pues se vulneraría el núcleo esencial del derecho a una reparación integral”, aseguró James Barrero, vocero del Movice e integrante de Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio - H.I.J.O.S., durante la audiencia pública sobre el proyecto de Acto Legislativo de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP).

 

Las Comisión Primera de la Cámara de Representantes tuvo como iniciativa la realización de esta audiencia. Se recogieron diferentes posturas de quienes intervinieron para el tercer debate que se tramita sobre el Proyecto de Acto legislativo Nº 017 de 2017. Dos puntos principales se expusieron durante la intervención del Movice para garantizar los derechos de participación de las víctimas:

 

Este 19 de septiembre se celebró la sexta edición del Premio Nacional a la Defensa de DD.HH. con cuatro categorías y finalistas que se destacaron por su labor regional con la que llevan un mensaje de paz y reconciliación para el futuro del país.

 

Antes de conocer a los ganadores, asistentes y protagonistas vivieron momento de real emotividad cuando se realizó un sentido homenaje a Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz -Cinep/PPP. Reconocidos por su labor en la defensa de los DD.HH., fueron asesinados en 1987, dejando un bebé de pocos meses de nacido en aquel entonces. Iván Calderón Alvarado, hijo de los investigadores, recibió el premio no sin antes resaltar la memoria y la labor de sus padres para la justicia y los DD.HH. en Colombia.

 

 

Premiados

 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) apoyamos la postulación del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Carreño Wilches para hacer parte de la terna de la cual se seleccionará a la persona que ocupará la dirección de la Unidad Especial para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales (paramilitarismo).

 

Eduardo Carreño Wilches es abogado defensor de derechos humanos, especialista y magister en derecho penal y criminología de la Universidad Libre de Colombia, también fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Cuenta con amplia experiencia en investigación y litigo nacional e internacional, con importantes logros en la defensa de personas perseguidas políticas y justicia a favor de las víctimas en casos como las masacres del 16 de mayo de 1998,  el 28 de febrero de 1999, Trujillo, Mapiripán y La Rochela; en casos de violaciones a los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia; y en casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de sectores populares presentados como combatientes caídos.

 

Prensa Cajar. A las 8:15 de la mañana, el abogado Luis Guillermo Pérez, integrante del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, se presentó a e la Corte y fue informado de que la audiencia no se llevaría a cabo por un escrito que había presentado el sr. Uribe Vélez y cuyo contenido no fue posible conocer.

 

De manera inexplicable, el senador Álvaro Uribe Vélez, no se presentó a la audiencia de conciliación que ya había sido aplazada hace una semana, en el marco de la demanda que interpuso el Cajar por declaraciones que hizo el funcionario entre 2013 y 2015 cuando acusó a esta Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, de ser parte de organizaciones al margen de la ley, y de haber robado un computador y un pasaporte a la ex directora del Das, María del Pilar Hurtado cuando ella se encontraba en Panamá.

 

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