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Víctimas de crímenes de Estado presentan constancia con sus aportes a la JEP

Ante el rechazo del Gobierno a la proposición que formalizaba la participación de las víctimas de crímenes de Estado en los debates de implementación del Acuerdo de Paz, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) presentamos el día de ayer una constancia con las consideraciones y aportes al proyecto de Acto Legislativo Especial para la Paz 02 y 03, cuyo debate continuó este miércoles 22 de febrero, tras su inicio el día anterior.

 

Prensa CCEEU. Bogotá, 14 de Septiembre de 2017. La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red nacional que agrupa a 275 organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, expresa su rechazo a las calumnias y ataques que Álvaro Uribe Vélez ha proferido nuevamente en redes sociales en contra del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), organización que hace parte de nuestro Comité Operativo y en contra del Representante Alirio Uribe Muñoz. Esto a raíz del fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia en que se condena a Jorge Noguera, por crímenes perpetrados cuando fue jefe del DAS al servicio del ex presidente Uribe.

 

Es una práctica reiterativa del señor Uribe Vélez, responder a las solicitudes judiciales de rectificación de sus calumnias con nuevos y más agresivos ataques, valiéndose de su condición de senador y ex presidente de la República.  Con la compulsa de copias a raíz de la condena de Jorge Noguera son ya más de 186 denuncias que se acumulan sin ninguna voluntad de hacer justicia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

 

En el marco de la visita del Papa Francisco a Villavicencio, el Movice Meta hizo entrega de un documento a Su Santidad. Aunque no fue posible la participación de las víctimas de crímenes de Estado en el Acto de Reconciliación, el texto se hizo llegar para reiterar su voluntad de reconciliación y la necesidad de que el Gobierno colombiano pida perdón a todas las personas que ha victimizado.  

 

Las víctimas de crímenes de Estado queremos expresar nuestro más sincero saludo a su Santidad el Papa Francisco

 

En nombre de las miles de víctimas de la criminalidad de estatal, no queremos contarle nuestra triste historia, con el relato de la crueldad y sevicia con la que han perseguido, torturado y asesinado a muchos en nuestro país. Queremos hablarle de la esperanza, de la paz y la reconciliación. 

 

No nos sirve de nada sentarnos a hablar del horror que hemos vivido si la consecuencia directa no es que todos los colombianos nos demos cuenta que esto tiene que cambiar; si no empezamos a trabajar para que lo que nos pasó, no le siga sucediendo, ni le vuelva a pasar a nadie más en la historia de Colombia.

 

En el año 2014 y luego de 20 años, fue proferida la condena contra el ex concejal Josué Vallejo Aranda por el asesinato de César Ariel Sepúlveda Díaz (aunque no por su desaparición forzada). A pesar de este avance, esta condena lleva 3 años en revisión y no está en firme. Además, la verdad sobre los hechos ocurridos el 5 de septiembre del año 1994 está por esclarecerse.  

 

Aunque la condena de 34 años por presunto homicidio gravado es ejemplarizante, el acusado realizó el recurso de apelación ante el tribunal de San Gil (Santander) que estudia sobre la decisión del juez si la condena se hizo bajo el derecho de las evidencias. Lo que preocupa mucho a las organizaciones defensoras de las víctimas desaparecidas y a los familiares de César, es que la investigación parece no concluir y en cambio se dilata cada vez más.

 

En el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido conmemorado el 30 de agosto, nueve diferentes regiones en las que hace presencia el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado – Movice, realizarán talleres, conversatorios, plantones y actos de memoria. Además, organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, sociales y de derechos humanos le solicitamos al presidente Santos, por medio de una carta, aceptar la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para que internacionalmente conozcan y tramiten los casos de desaparición en el país.

 

En Audiencia Pública de la ley 1820 de 2016 sobre “disposiciones de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales” llevada a cabo el 2 de agosto, intervino ante la Corte Constitucional, Soraya Gutiérrez, como vocera del Movice. Los puntos principales de su discurso pusieron sobre la mesa el tema de tratamiento especial para agentes del Estado, las formas de acceso a esos tratamientos y decisión de renuncia a la persecución penal de estos agentes.

 

En el marco del eje temático 3, relacionado a los derechos de las víctimas frente a Ley 1820, Soraya Gutiérrez aclaró que “este tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico a los agentes del Estado no puede implicar que los beneficios que se apliquen a unos deben otorgarse exactamente igual a otros”. Esto dentro del marco de la posición de garantes de los derechos de la ciudadanía que tiene la fuerza pública, lo que debe implicar medidas más exigentes para las sanciones.

 

Bogotá, Colombia. 31 de julio de 2017. Las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos abajo firmantes, recibimos con beneplácito la captura de la FISCAL MARÍA BERNARDA PUENTES LÓPEZ ocurrida el 28 de julio de 2017, investigada por hechos de corrupción que favorecen a miembros de grupos paramilitares en el departamento de Bolívar.
 

MARIA BERNARDA PUENTES LOPEZ, fue la fiscal 3ª. especializada de Cartagena quien el 22 de marzo de 2017 ordenó injustamente la captura de pobladores y líderes sociales en el Sur de Bolívar y solicitó la medida de aseguramiento con componente de destierro en contra de la lideresa afrodescendiente y vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar MILENA QUIROZ JIMENEZ, quien además es integrante del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre campesina, agraria, étnica y popular, por considerarla un peligro para
la sociedad por su pertenencia a estas organizaciones sociales y por organizar marchas y movilizaciones en el sur del departamento de Bolívar.
 

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