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Tutela por la garantía de los derechos de participación de las víctimas en las CTEP

Las víctimas de crímenes de Estado –con el respaldo de 25 organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos– interpusimos una tutela para exigir al Presidente del Senado que envíe el proyecto de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz a sanción presidencial. Estas dilaciones están violando nuestros derechos fundamentales a la Paz, a la participación en las decisiones que los afectan y a la participación política de las víctimas, constituyendo una auténtica verdadera denegación de justicia, que sólo el Juez constitucional puede corregir.

 

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Foto: Viva la Ciudadanía

Las organizaciones, gremios y personas abajo firmantes, convencidas de que la paz es un derecho y un deber, saludamos todos los esfuerzos por lograr una salida negociada del conflicto armado.

 

Reconocemos los recientes gestos de distintos actores de la vida nacional con la intención de reactivar la mesa de diálogos en Quito y superar así esta etapa, marcada por acciones armadas que debilitan el camino de la solución negociada. Somos conscientes de que es necesario un esfuerzo más sostenido en el tiempo para que tales gestos permitan avanzar de una manera sólida.

 

Pero los espacios para la negociación se han ido cerrando y es vital aprovechar los tiempos. El país urge un cese al fuego más prolongado que permita salvar vidas humanas. La sociedad, especialmente en las regiones de confrontación armada, eleva un nuevo clamor ante el recrudecimiento de la guerra. Por eso, pedimos a las partes el cese total de las acciones armadas y llamamos a la protección del liderazgo social, duramente golpeado.

 

En Colombia existen miles de víctimas de crímenes de estado. Si bien un alto porcentaje de las víctimas directas son hombres, han sido muchas las mujeres, de las cuales poca información se tiene, debido no solo al subregistro que siempre ha existido, sino a las dinámicas propias que impiden a las mujeres denunciar.  Solo en 30 años, al menos 9.775 mujeres han sufrido estas victimizaciones a nivel directo. Es decir que han sido víctimas de violencia sexual, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos, de acuerdo a la base de datos del Colombia Nunca Más (CNM).

 

Adentrándonos en los casos de violencia sexual, los paramilitares – y sus grupos pos-desmovilizados en convivencia con agentes del Estado, han sido responsables de 5.993 casos de violencia sexual, de los cuales 206 han sido cometidos de manera directa por agentes del Estado[1].

 

Bogotá, 7 de febrero de 2018. A un año de instalada la Mesa de Quito

 

Señores

Juan Manuel Santos, Presidente de la República

Nicolás Rodríguez, Comandante del ELN

Gustavo Bell Lemus, Jefe de la Delegación del gobierno nacional

Pablo Beltrán, Jefe de la Delegación del ELN

 

 

EL DIÁLOGO ILUMINA EL CAMINO DE LA VIDA Y LA PAZ

 

Las organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, campesinas, de mujeres, defensoras de derechos humanos y constructoras de paz, los pueblos indígenas y afrodescendientes, aquí representadas, ratificamos nuestro compromiso con la construcción de la paz con justicia social y la solución política negociada del conflicto armado, y expresamos a la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional nuestro respaldo y disposición de acompañamiento permanente.

 

Las organizaciones internacionales de la sociedad civil, que suscribimos el presente comunicado manifestamos nuestra profunda preocupación por el recrudecimiento de las amenazas y atentados contra la vida de líderes y lideresas sociales en Colombia y exhortamos al Estado colombiano a dar respuestas efectivas que frenen este baño de sangre y brinden garantías para el legítimo ejercicio de su trabajo.1

 

El 13 de enero, en la ciudad de Bogotá, la defensora de Derechos Humanos, Blanca Nubia Díaz, de acuerdo con el comunicado del Movice, fue interpelada por dos hombres que la llamaron “guerrillera sapa siga haciendo campaña”, la secuestraron, sedaron, amenazaron y en un claro hecho de violencia de género le cortaron su cabello2.

 

El jueves 25 de enero en el corregimiento la Guaripa en el departamento de Sucre fueron asesinados los hermanos reclamantes de tierras Humberto Manuel Escobar Mercado, Prisciliano Manuel Mercado García, y Manuel Eusebio Osorio Escobar mientras intentaban trazar los límites de su finca “La Concepción”3

 

Señores: Juan Manuel Santos,
Presidente de la República de Colombia

 

Nicolás Rodríguez Bautista
Comandante del Ejército de Liberación Nacional

 

 29 de enero de 2018: De antemano rechazamos los atentados ocurridos en la región caribe y reclamamos del ELN un pronunciamiento oficial sobre los hechos que se atribuye uno de sus frentes. Ante la situación actual de la mesa de negociación, los abajo firmantes proponemos:

 

 

1. Continuidad de la mesa: Este es el momento de la paz, las partes han demostrado querer avanzar con el proceso, es hora de buscar alternativas y estrategias de diálogo que permitan lograr resultados que beneficien a la sociedad colombiana.

 

2. #AvancenConelCese: llamamos a las partes a poner como prioridad la vida y los derechos humanos de la población civil en las regiones, un acuerdo de cese al fuego bilateral definitivo es vital y se debe declarar lo antes posible.

 

Por: Equipo Jurídico Pueblos

 

El presente informe es producto del esfuerzo de las comunidades campesinas del Nororiente colombiano, el Equipo Jurídico PueblosCasa Aguayá, el Sindicato de Trabajadores del Sistema agroalimentario - SINALTRAINAL, el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales - SINTRAUNAL, la campaña Somos Dignidad, Asociación de familiares y amigos de los presos de Cúcuta - ASOFAMINTERCUC, Asociación de familiares de presos de Colombia - ASOFAMIPREC - Seccional Bogotá; Asociación de familiares y amigos cárceles de Valledupar - ASOFAMPRECV y de colectivos de presos políticos y sociales de varios establecimientos, que denuncian la grave problemática que en materia de derechos humanos se vive a diario.

 

Apartes de este documento fueron un aporte del Equipo Jurídico Pueblos, a los informes presentados por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia - REDHER y el Congreso de los Pueblos en el marco del Examen Periódico Universal de Colombia - octubre 2017.

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