UNA TUTELA PARA SALVAR LA PAZ

Con el fin de garantizar la obligación histórica que tiene el Congreso de la República con la implementación normativa del Acuerdo de Paz, y agotados todos los mecanismos que desde la ciudadanía tenemos a nuestro alcance, 59 organizaciones de víctimas, políticas, sociales y defensoras de derechos humanos; y 60 líderes sociales y víctimas interpusimos una acción de tutela en contra del máximo órgano del poder legislativo y el Presidente de la República para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la implementación legislativa de lo pactado. 

 

A sólo 20 días de que termine la vigencia del procedimiento legislativo de vía rápida (fast track), sólo se ha aprobado un 18% de las leyes necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz, siendo el punto 1 sobre Reforma Rural Integral, en el que se evidencian los mayores retrasos. Las dilaciones, maniobras y actuaciones negligentes de un sector del Congreso de la República, han conllevado a un estancamiento del proceso de aprobación normativa, lo cual genera incertidumbre entre los excombatientes, descrédito para el Estado colombiano y constituye una amenaza para la consolidación de la paz. 

 

En materia de derechos de las víctimas (punto 5), la ausencia de una reforma a la Ley de Víctimas (ley 1448 de 2011) y los retrasos en la aprobación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afectan los derechos de los afectados y afectadas por el conflicto a una reparación integral, con verdad, justicia y garantías de no repetición; y generan inestabilidad jurídica a quienes han optado por dejar las armas para ingresar en el campo político. 

 

El Congreso debe mantener el compromiso con el futuro del país demostrado con la refrendación del Acuerdo Final y la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2017 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición SIVJRNR. El Congreso, debe concluir la reglamentación de la JEP sin más excusas, y sacar adelante las normas que demanda el Acuerdo de Paz. Para ello, se requiere que sesione de manera continua e ininterrumpida en las próximas y definitivas tres semanas.

 

Exigimos al Congreso de la República dejar de jugar con el futuro de la paz.  A los Congresistas, les exigimos asistir a todas las sesiones y cumplir con los deberes asignados por sus electores, la ciudadanía y la Constitución. La aprobación de las normas para implementar el Acuerdo de paz dejó de ser una cuestión de opiniones políticas y es una obligación de todos los órganos del Estado colombiano con las víctimas y el país (Acto Legislativo 02 de 2017 y Sentencia C-630 de 2017).

Conozca las organizaciones firmantes [PDF]

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