Organizaciones de víctimas y de DD.HH. presentan sus propuestas para reformar la política pública de atención a víctimas

[EN VÍDEO] Consideraciones del Movice a la Reforma de la Ley 1448

 

[EN IMÁGENES] Encuentro Nacional Proceos Amplio de Participación - UARIV

 

 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), junto con varias organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos, participó este miércoles 26 de abril en el Encuentro Nacional organizado por la Unidad de Víctimas, desarrollado en el marco del Proceso Amplio de Participación con el cual esta entidad del Estado busca reformar la política pública de atención a víctimas, por mandato del Acuerdo de Paz.

 

Al encuentro asistieron los delegados elegidos durante los más de 30 encuentros preparatorios, realizados previamente en 13 ciudades de Colombia y en Quito (Ecuador), con víctimas en el exilio, en los cuales se recibieron más de 2.000 propuestas, según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV).

 

El Movice, quien logró una amplia articulación con más de 30 organizaciones, exige principalmente la promulgación de un decreto de reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), en el cual se amplíe la definición temporal de víctima (hasta ahora estipulada a partir del 1 de enero de 1985), para que esta sea compatible con lo establecido en el Acuerdo Final, es decir, desde inicios del conflicto. Así mismo, que incluya como hechos victimizantes los genocidios políticos, etnocidios y el desplazamiento forzado transfronterizo, además de los ya reconocidos en el marco del conflicto armado interno, como requisito para la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV).

 

En esa línea, se propone también que, en virtud del Acuerdo Final, se reabra el RUV y que los términos para la inscripción permanezcan abiertos por un periodo de 5 años más, contados a partir de la reforma de la Ley 1448 de 2011. Con base en ello, el Gobierno nacional deberá ser el encargado de llevar a cabo una amplia estrategia de difusión para dar a conocer esta prórroga y sus nuevos requisitos.

 

En ese sentido, dicha reforma a la Ley deberá, además, derogar todas las disposiciones que le sean contrarias o resulten regresivas para los derechos de las víctimas, en particular, los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 975 de 2005. Así mismo, los decretos nacionales 1084 de 2015 y 2569 de 2014 deberán ser ajustados a la luz de lo dispuesto en la presente reforma.

 

En el marco de la cobertura en salud, se propone que el Estado cree un Sistema de Atención especializado para las víctimas, con el propósito de atender sus necesidades específicas como sujetos de especial protección constitucional. Este sistema deberá estar a cargo del Estado y en ningún caso la prestación de los servicios se deberá efectuar por intermediación de aseguradoras. Este sistema deberá garantizar también la cobertura de asistencia en salud a las víctimas por el simple hecho de estar inscritas en el RUV, pero no deberán negar la cobertura a aquellas personas que, a pesar de no estar inscritas, puedan demostrar su condición de víctima, incluidas las victimas retornadas del exterior. Las víctimas deberán ser consideradas elegibles para obtener dicho subsidio en salud, salvo en los casos en que se demuestre su capacidad de pago.

 

Se propone, además, que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y la Protección Social, dentro de los 12 meses siguientes a la promulgación del decreto de reforma de la Ley, elabore una Política Nacional de Atención Psicosocial y de Salud para la Reparación Integral, de manera conjunta y participativa con las víctimas del conflicto y la violencia sociopolítica, organizaciones de víctimas, sus representantes legales, las organizaciones psicosociales y de salud integral expertas en la atención a víctimas, la academia especializada, y otros actores cualificados. Esta política deberá comprender y cumplir los criterios de reparación en materia de rehabilitación ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia a través de su sentencia T-045, así como del Auto 092.

 

Otra propuesta destacada es en materia de participación efectiva, que buscará garantizar este derecho de las víctimas a través de un protocolo para alcaldes, gobernadores y el Comité Ejecutivo de Atención y Reparación a las víctimas. En este protocolo se considerará que las mesas de participación no son el único mecanismo, sino que se cobijarán espacios de participación alternos. Esto último, implica que las discusiones y decisiones de los espacios convocados por organizaciones no vinculadas al Gobierno nacional serán incorporadas a las instancias institucionales en sus diferentes niveles, sin que esto implique la pérdida del carácter autónomo e independiente de las mismas.

 

La aplicación del protocolo de participación efectiva deberá contar con el apoyo financiero que se requiera por parte del Gobierno Nacional y de los entes territoriales, no solo en lo que atañe al sostenimiento de las Mesas de Participación sino también a los escenarios alternos a esta.

 

Por último, se propone que como ejercicio de memoria nacional, el Gobierno, reconociendo a los Lugares de Memoria no gubernamentales e independientes como espacios de salvaguarda de la memoria de los pueblos y del esclarecimiento de la verdad, les garantizará cuatro principios fundamentales para su existencia y funcionamiento: su carácter participativo, su autonomía, su sostenibilidad y su seguridad.
Todas estas propuestas y muchas otras son fruto de varios meses de trabajo articulado con otras 30 organizaciones y están recogidas en un documento que ya fue entregado a la UARIV el mismo día del Encuentro Nacional.

 

 

Lea el documento completo de la propuesta

 

Lea también el comunicado de la Corporación Jurídica Yira Castro