Más de 500 organizaciones de víctimas y Derechos Humanos piden a Santos, las FARC y el ELN que se respete la Justicia Transicional

En el marco del proceso de consultas adelantado por el Presidente Juan Manuel Santos, las organizaciones de víctimas y Derechos Humanos expresamos nuestro respaldo al Acuerdo de La Habana, en especial a lo acordado en el punto 5.

 

Bogotá, 20 de octubre de 2016.- A través de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos; al jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño; al jefe del ELN, Nicolás Rodríguez, y a la sociedad colombiana, víctimas y organizaciones de derechos humanos expresaron su respaldo al Acuerdo de Paz, en especial al punto 5 sobre víctimas. Las organizaciones firmantes consideran que éste contiene los mínimos que permiten avanzar en la superación de la impunidad de los graves crímenes cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado en Colombia.

 

La comunicación, que fue enviada a la mesa de conversaciones de La Habana, es suscrita por más de 500 organizaciones de víctimas y Derechos Humanos, agrupadas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), Comunidades Construyendo Paz (CONPAZ), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC), la Mesa Ecuménica por la Paz y el Diálogo Intereclesial por la Paz (DiPaz).

 

El comunicado señala que el Acuerdo de La Habana permite que todos los actores que han cometido crímenes en el marco del conflicto armado rindan cuentas por sus acciones ante la justicia, mediante la incorporación de mecanismos judiciales y extrajudiciales dentro del modelo de Justicia Transicional. También se afirma que este modelo permite la aplicación de sanciones a los responsables de graves crímenes, y simultáneamente, contribuye al esclarecimiento histórico de lo ocurrido por medio de la Comisión de la Verdad.

 

Agregan las víctimas que el enfoque restaurativo del Acuerdo, que incluye sanciones de restricción de la libertad y medidas restaurativas del daño causado, permiten avanzar en acciones colectivas de reparación y restauración a las víctimas y a la sociedad, que no serían posibles con las medidas carcelarias. Añaden que la participación de jueces y comisionados internacionales en el sistema dota de confianza y legitimidad al mismo.

 

Partiendo de este respaldo, las víctimas y organizaciones también proponen una interpretación constructiva del Acuerdo en los siguientes términos:

 

-  El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario deben ser el referente jurídico de aplicación para todos los actores que participaron en graves crímenes en el marco del conflicto.

 

-  Cualquier concesión de beneficios judiciales a los agentes del Estado vinculados en la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario debe tener como presupuesto su compromiso pleno con la verdad, la reparación y la no repetición de los crímenes cometidos.

 

-  La aplicación de las sanciones restaurativas debe hacerse en consulta con la opinión de las víctimas y comunidades afectadas para ser aceptadas por la sociedad.

 

-  Deben realizarse reformas a la Política de Seguridad del Estado, en especial a la Doctrina de Seguridad Nacional, como garantía de no repetición. Estas deben considerar, además, la revisión de antecedentes de funcionarios públicos, la renovación de la planta de personal, la organización de archivos estatales y su preservación para la verdad y la memoria, la reducción de las Fuerzas Militares y la reforma a la Policía Nacional.

 

En su comunicación, también saludan la instalación de la fase pública de diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN y manifiestan su voluntad de participar activamente en los escenarios que surjan del mismo. Las víctimas y organizaciones esperan que el nuevo proceso que se inicia, retome los avances acordados en La Habana y refuerce los aspectos que permitirían la superación de la impunidad y la realización de los derechos de las víctimas, avanzando más en términos de garantías de no repetición.

 

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