Las víctimas "tienen la palabra"

Porque no se puede silenciar la historia, porque los recuerdos del horror están presentes, porque las grandes mayorías no saben que todo es posible, porque debemos reintegrar a la memoria colectiva lo que de olvidarse retornaría, nosotros, miembros de la Comisión Internacional de Esclarecimiento, convocados por las víctimas de la Comuna Trece de Medellín a diez años de la Operación Orión −ejecutada por fuerzas militares y policiales del Estado colombiano en coadyuvancia de autoridades judiciales−, queremos brindar un balance preliminar a partir de los testimonios y documentos recibidos, y de lo que pudimos observar in situ.

 Con ese ánimo nos acercamos al lugar de los hechos y conversamos con distintos actores. Pudimos recoger que el 16 octubre de 2002, tras una veintena de operaciones de la Fuerza Pública, precedentes, dio inicio una operación militar conjunta en un área urbana reducida y densamente poblada, en horas de la madrugada, con el objetivo estatal de recuperar territorio y el monopolio de la fuerza.

Las autoridades policiales y militares arguyen que en la Comuna 13 había una situación de caos, producido por el accionar de grupos insurgentes, contra los cuales se desplegó una acción ofensiva bajo la lógica de combate a un enemigo interno, definido como “terrorista”. En la acción participaron comandos de elite especializados en guerra urbana, y de acuerdo con los testimonios de víctimas y de los representantes de los órganos de control, la fuerza pública utilizó tanquetas y helicópteros artillados realizando ametrallamientos indiscriminados que provocaron daño, heridos (incluso niños) y terror en la población. Elementos uniformados, incluyendo agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, guiados por civiles encapuchados (informantes) irrumpieron en viviendas y procedieron a la captura de personas, en la mayoría de los casos, sin las órdenes respectivas. En principio, la modalidad guerrera utilizada en la Operación Orión parece haber violado el principio de distinción y proporcionalidad, ya que se hizo un uso desproporcionado de la fuerza y afectó gravemente a la población de la Comuna, lo que pone en cuestión la legitimidad y legalidad de la acción.

En un recorrido por distintos barrios de la Comuna −desde la llamada casa Orión hasta La Escombrera (un lugar utilizado como cementerio clandestino de detenidos-desaparecidos), pasando por Belencito, El Corazón, Villa Laura, El Salado, Eduardo Santos y Las Independencias−, pudimos constatar que a diez años de los hechos persiste en la zona un amplio despliegue territorial policial-militar, incrustado incluso en viviendas particulares. Sin embargo, también fuimos alertados de la persistencia del accionar de agrupaciones paramilitares y bandas delincuenciales vinculadas a la economía criminal.

Durante las audiencias públicas de los días 16, 17 y 18 de octubre, recibimos testimonios, documentales y denuncias sobre la aparición de cuerpos mutilados y decapitados (lo que habla de la práctica de la tortura previa a la ejecución extrajudicial); la existencia de fosas comunes clandestinas; acciones de escarmiento contra familias de presuntos subversivos, con saqueo, destrucción e incendio de viviendas y el desplazamiento forzado de sus moradores; así como el reclutamiento forzoso, principalmente de jóvenes. Todas estas actividades tuvieron el efecto de destruir el tejido social comunitario autogestionario, preexistente en la Comuna 13.

Como resultado de nuestras observaciones, presentamos algunas consideraciones preliminares:

En primer lugar, la comisión extiende un reconocimiento al proceso de organización de las víctimas de la Comuna 13. Su articulación en torno a la verdad, la justicia y la reparación es admirable, en particular dada la adversidad que implica encarar todos los prejuicios que se derivan del señalamiento y de la estigmatización que se han erigido en su contra. La fuerza, la vitalidad y la perseverancia de las víctimas se sobreponen a las difíciles condiciones de vida, que incluyen la inseguridad y el terror todavía vigentes, y el desarraigo provocado.

En segundo lugar, la comisión expresa su preocupación en relación con la información que recibió sobre la concatenación de eventos que, a partir de 2002, se habrían puesto en marcha en contra de las y los ciudadanos habitantes de la Comuna 13. Las violaciones resultantes de las sucesivas operaciones policiales y militares desarrolladas ese año, incluida la Operación Orión, y la denunciada posterior asunción del control del territorio y la comunidad por parte de grupos de paramilitares, ponen en entredicho el ejercicio del poder público. Los actos de desaparición forzada, las ejecuciones, tortura, el hostigamiento y detenciones arbitrarias que han sido valientemente denunciados privan de legitimidad el uso de la fuerza conforme a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos y cuestionan seriamente la argumentación oficial sobre la planeación y conducción de dicha operación, que incluyó un ataque armado indiscriminado contra un centro de vida comunitaria con el alto saldo de víctimas civiles no combatientes. Situación que resulta más grave cuando organismos de control y de defensa de derechos humanos vieron seriamente limitado el ejercicio de sus funciones, a través de la coacción y las amenazas.

Por esa razón y en tercer lugar, la comisión expresa su desconcierto por la ausencia de avances procesales en las investigaciones penales y disciplinarias por los graves hechos que han sido denunciados por familiares y por víctimas directas que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y detenciones arbitrarias. La ausencia de actividad por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación compromete la responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus deberes según el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente por la ausencia de diligencia debida en la investigación de graves violaciones a derechos humanos. La impunidad que califica esos hechos une la perpetración de los delitos con el ejercicio de la autoridad.

En cuarto lugar, la Comisión expresa su preocupación por la situación en que se encuentran las víctimas de los hechos ocurridos en la Comuna 13 en relación con la desaparición de sus seres queridos. Aunque existe información disponible en manos de las autoridades y es de conocimiento público que pueden existir fosas comunes con personas desaparecidas en La Escombrera y La Arenera no sólo no han sido objeto de medidas de protección o preservación para la búsqueda y recuperación de los restos, sino que tampoco se han tomado medidas para suspender el depósito sistemático y creciente de desechos y construcción de viviendas.

La Comisión ha constatado durante su visita a “La Escombrera” y en los testimonios escuchados de los familiares, la falta de respuesta y de avances en las investigaciones. La información suministrada por las autoridades indica que no han determinado el número total de las personas desaparecidas previo, durante y posterior a la Operación Orión. Las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, han documentado al menos 92 casos y los paramilitares indicarían que son al menos 300 cuerpos allí mutilados. Es urgente que se elabore un Plan de Búsqueda que parta de una investigación preliminar que incluya la participación de las víctimas e informándolas de su desarrollo y que asegure una coordinación adecuada de todas las instituciones del Estado con responsabilidad en la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna de los desaparecidos.

Debemos recordar que tal como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos,“la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos”[1]. Sin dejar de recordar que la desaparición forzada es un crimen que se sigue perpetrando de manera continua.

En quinto lugar, la comisión llama la atención que además de los daños causados a las víctimas y sus familiares, la violencia ejercida contra la población de la Comuna 13 implicó destrucción social. Igualmente, generó un estigma sobre las víctimas para justificar la violencia en contra de ellas. Sus familiares piden que su reputación y su buen nombre sean restablecidos y que se reconozcan las violaciones cometidas. Recuerda la comisión que la condición de víctima es independiente del quehacer de las personas. El temor y la zozobra que se implantaron mediante la arbitrariedad de las fuerzas oficiales y paramilitares, y la de los grupos guerrilleros acallaron procesos sociales y restaron o anularon autonomía a la expresión comunitaria. El efecto coercitivo de la violencia sigue siendo palpable. Sigue el terror. Continúa el miedo paralizante, disciplinador, como resultado de técnicas de guerra psicológica.

Elie Wiesel, sobreviviente de los campos de concentración nazis, al recibir en 1986 el premio Nobel de Paz, manifestó que “lo que todas las víctimas necesitan, sobre todo, es saber que no están solas; que no las estamos olvidando, que cuando sus voces sean ahogadas debemos prestarles las nuestras, que mientras su libertad dependa de la nuestra, la calidad de nuestra libertad depende de la suya”[2]. Esperamos contribuir al reconocimiento de las víctimas de la Comuna 13 y hacer eco de cómo nombran lo que les pasó y lo que les está pasando. Ellas tienen la palabra.

Pensamos que es necesario conocer la verdad histórica de los hechos y que se haga justicia. Y que todo ese daño debe ser reparado. En todo caso, reconocemos y enaltecemos los procesos organizativos que hemos conocido, particularmente los de mujeres y jóvenes, que además de luchar contra el olvido y la negación acogen con coraje la vida y encaran con admirable dignidad su día a día, recordando a sus seres queridos.

Comisionados

Luz Marina Monzón Cifuentes, Colombia     Santiago Corcuera Cabezut, México
Michael Reed Hurtado, Colombia     Carlos Fazio Varela, Uruguay
Elias Guillermo Levi, Argentina     Helen Mack, Guatemala