El magistrado Demóstenes Camargo es declarado persona non grata en Barranquilla

Con un plantón frente al Tribunal Superior de Barranquilla, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) hicieron pública su indignación por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de nombrar al magistrado Demóstones Camargo de Ávila nuevo miembro de la Sala Penal de dicho tribunal.

Mediante pancartas en las que se podía leer “Demóstones empapeló, el sicario disparó” o “La Justicia debe ser garante de Derechos”, ambas organizaciones expresamos nuestra preocupación por “las altísimas probabilidades de abuso de poder que entraña el nuevo cargo del magistrado y el uso que de este puede hacer para revictimizar a quienes le han cuestionado por su participación en los hechos que trajeron como consecuencia el asesinato del sociólogo Alfredo Correa De Andréis”, según se expresa en un comunicado conjunto difundido el pasado miércoles 17 de agosto.

Camargo ejercía como fiscal 33 Seccional en la ciudad de Cartagena cuando el 3 de junio de 2004 ordenó la apertura de una investigación preliminar contra Correa De Andréis, a quien acusó de ser ideólogo de las FARC. Unos días después ordenó su captura y el sociólogo fue recluido en los calabozos del DAS en Cartagena. Su detención coincidió con la investigación que adelantaba sobre la personería jurídica de los desplazados en la capital del Atlántico.

Ante tal vulneración, organizaciones de derechos humanos solicitaron un cambio de magistrado y la investigación continuó en cabeza del fiscal 36, quien en julio de 2004 revocó la medida de aseguramiento impuesta por Camargo de Ávila y ordenó la libertad de Correa De Andréis.

Dos meses después, el 17 de septiembre de 2004, el sociólogo y profesor universitario fue asesinado por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Tuvieron que pasar más de siete años hasta que, en mayo de 2012, el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar condenó patrimonialmente a la Nación por la privación ilegal de libertad de Correa De Andréis y advirtió de irregularidades en el proceso investigativo en su contra, así como del derecho a la presunción de inocencia. En ese sentido señaló explícitamente a la Fiscalía General por su responsabilidad en el daño jurídico causado.

Hoy casi doce años después del crimen y ante un eventual fin del conflicto con las FARC, las organizaciones de derechos humanos y víctimas de crímenes de Estado pedimos alto y claro la necesidad imperante de “depurar la administración pública, en particular la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación de aquellos servidores públicos involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, o que hayan promovido la impunidad de estos crímenes o de los grupos y actividades paramilitares”, tal y como se advierte en el comunicado.

Por ello, el abogado de Derechos Humanos y vocero del nodo de la región Caribe de la CCEEU, José Humberto Torres, explicó que se ha hecho una solicitud formal a la presidenta y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que reconsideren su decisión y no permitan a Camargo de Ávila ejercer sus funciones en el Distrito Judicial de Barranquilla. Hasta el momento, Camargo de Ávila trabajaba como magistrado en el Tribunal superior de Pamplona (Norte de Santander).

“Además de que no sea trasladado, exigimos que se investiguen todas las imputaciones indebidas contra otros tres defensores de derechos humanos, que, teniendo el antecedente de Alfredo, tuvieron que de salir desplazados de Cartagena y Barranquilla por amenazas”, concluyó la secretaria técnica del capítulo Atlántico y miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), María Cedeño.

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