Rechazo a la decisión del Congreso de excluir a defensores de DD.HH. de la JEP

[Comunicado Antioquia] Las organizaciones que firmamos este comunicado expresamos nuestra preocupación por lo acontecido el día 15 de noviembre del presente año en la plenaria del Senado, cuando se incorporaron cambios sustanciales a varios artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), entre ellos al artículo 104, el cual hace referencia a los requisitos para ser elegido como magistrado de las Salas de la JEP. En el texto se dejó explicitito que “No podrán tomar posesión en cargos de la JEP: Quienes dentro de los 5 años anteriores a la fecha de posesión a título personal o por interpuesta persona, hayan gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario, o al Derecho Penal Internacional o pertenezcan o hayan pertenecido a organización o entidades que hayan ejercido tal representación”, lo que constituye un ataque directo a la legitima labor de las y los defensores de derechos humanos y una vulneración al derecho de las víctimas de crímenes de Estado de ser representadas ante instancias judiciales para el restablecimiento de sus derechos.

 

Este hecho, sumado a los cuestionamientos del Fiscal General de la Nación y la decisión de la Corte Constitucional en relación con la JEP, evidencia que la estrategia de garantizar la impunidad para los agentes estatales y terceros responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, está dando resultados. La preocupación no son las víctimas, ni el país. La preocupación es que políticos, empresarios y altos mandos del Ejército y la Policía tengan que responder por sus crímenes, decir la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con garantías de no repetición. La extrema derecha del país ha logrado su cometido: que la JEP sea sólo aplicable a los exguerrilleros de las FARC-EP, que se amplíe el fuero a todos los aforados constitucionales, es decir a ministros, congresistas, procuradores, entre otros, que ya no estarán obligados a responder por los crímenes de que han sido acusados.

                                                                       

Respaldamos la labor independiente e imparcial realizada por el Comité de Escogencia para elegir los Magistrados y jueces que harán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. En los últimos años hemos sido testigos de la degradación del aparato de justicia con jueces, fiscales, magistrados y presidentes de Altas Cortes investigados y condenados, por actos de corrupción, despojo de tierras y complicidad con responsables de crímenes atroces. Las mujeres y hombres defensores de derechos humanos y abogados elegidos, han demostrado su compromiso con los derechos de las víctimas, con el debido proceso, las garantías procesales y con el proceso de paz y la reconciliación nacional.

 

Este proceso de selección de magistrados fue conocido por todo el país, y ahora pretende desconocerse por parte de los partidos políticos quienes pretenden esconder los crímenes de algunos de sus miembros y amigos. Este nuevo ataque a los defensores de derechos humanos se suma a la campaña sistemática de persecución, amenazas y asesinatos que entre 2016- 2017 ya cobra la vida de más de 188 personas. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional para que cumpla su obligación de garantizar la vida y la participación del movimiento de derechos humanos, que ha estado comprometido con el proceso de paz.

 

Corporación Jurídica Libertad

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos-. Nodo Antioquia

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- Antioquia

Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos de Antioquia

 

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Antioquia