445 líderes sociales y defensores de derechos humanos solicitan medidas cautelares ante CIDH

  • La medida obedece a que 222 líderes, lideresas y defensores de DD.HH han sido asesinados tras la firma de paz en el Colón.
  • Se denuncia constante intimidación, persecución y altos niveles de impunidad.
  • Según la Defensoría del Pueblo, a  pesar del reconocimiento de la gravedad de la situación el Estado ha sido incapaz de implementar políticas públicas para su protección.
  • A la fecha, la solicitud de esta medida colectiva es la más importante a nivel  internacional,  equiparable al caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en México

 

Bogotá, 02 mayo 2018.- Mediante solicitud remitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de Estados Americanos (CIDH), con sede en Washington, el senador Iván Cepeda, el Representante Alirio Uribe, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Corporación para la defensa y promoción de los Derechos Humanos - Reiniciar pidieron la aplicación  de medidas cautelares de protección que garanticen el ejercicio libre de la defensa de los  derechos humanos en el país, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Específicamente, para las siguientes organizaciones políticas y sociales: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Unión Patriótica (UP), Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular (CACEP), Marcha Patriótica (MAPA), y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola Y Marihuana (COCCAM).

 

Los solicitantes de la medida cautelar exhortan a que se ordene al Estado colombiano a “suspender la actuación violenta, de hostigamientos e inteligencia, en contra de las y los integrantes de estas organizaciones; y se ordene iniciar y llevar a buen término las investigaciones penales y disciplinarias por los asesinatos, desapariciones, amenazas, atentados, actos de tortura de los cuales han sido víctimas”.

 

El senador Cepeda señaló que tras la firma del Acuerdo del Colón 222 líderes, lideresas y defensores de DD.HH han sido asesinados, “resulta preocupante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en febrero de este año, que evidencia como los altos niveles de impunidad persisten sin avances significativos en materia de identificación de los responsables materiales e intelectuales”, aseguró.

 

Otras de las peticiones a la CIDH es que se obligue al Estado a “la implementación expedita y de manera concertada de medidas materiales de protección, y se nombre por parte de la Comisión un Relator Especial sobre la situación actual de derechos humanos de quienes firman esta petición”.

 

El documento detalla como los campesinos, cultivadores y recolectores con propuestas para la  sustitución de cultivos ilícitos se han convertido en “carne de cañón”, toda vez que en apenas mes y medio del 2018, han sido asesinados 8 voceros de sustitución voluntaria, algunos porque impulsaron la iniciativa y otros por el solo hecho de haberse inscrito en el programa y recibir apoyo estatal para proyectos productivos a largo plazo.

 

Frente al paramilitarismo las organizaciones afirmaron que aún persiste la necesidad de un debate de fondo entre el Gobierno y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre su existencia y desmonte en Colombia.

 

Para el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la misma corporación, es evidente que aunque el gobierno lo niegue, “existe sistematicidad en los homicidios de los lideres asesinados, que en su mayoría han sido perpetrados con arma de fuego, y cometidos en inmediaciones a la vivienda de las victimas lo que evidencia el seguimiento que precede al hecho, y otros precedidos de amenazas y ofrecimiento de recompensas económicas por acabar con la vida de los mismos”

 

“Las partes en el Acuerdo Final de Paz pactaron la  creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que tiene a su cargo el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, responsables de los homicidios que atentan contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y movimientos políticos. Pese a que se creó el 3 de febrero de 2017, mediante el Decreto Ley 154, aún no se avanza en la implementación de su mandato”, dice la solicitud.

 

Dentro de las medidas, se solicita la creación de un grupo interdisciplinario de alto nivel como mecanismo de seguimiento y monitoreo frente a las acciones que adopte el Estado colombiano en cumplimiento de las medidas cautelares. Este grupo tendría como finalidad hacer seguimiento en todo el proceso de implementación hasta el cumplimiento efectivo de las medidas indicadas por la CIDH.

 

Finalmente el senador del Polo y facilitador de los diálogos de paz, recordó que la responsabilidad de tomar estas medidas corresponde, al deber constitucional del Estado de proteger la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, especialmente por su importancia en el fortalecimiento de la democracia.

 

 DATOS

 

  • “El mecanismo de medidas cautelares ha sido eficaz para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos cuyos Estados se encuentran bajo la competencia de la Comisión Interamericana y para prevenir daños graves e irreparables a quienes padecen situaciones de riesgo inminente, en el marco del mandato de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”.
  • Particularmente, frente a los contextos de riesgo la Corte Interamericana explicó que “los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad”.

 

 

Organizaciones beneficiarias de las medidas cautelares:

CACEP

Conformada por pequeñas asociaciones campesinas, buscan la defensa de la tierra, el territorio y protección a comunidades étnicas.

Identificaron 16 casos de riesgo que ameritan la implementación de las medidas urgentes de protección.

MOVICE

Integrada por 200 organizaciones de Víctimas de Crímenes de Estado. En la actualidad 14 defensores de derechos humanos se encuentran amenazados.

MAPA

Hacen parte 912 organizaciones sociales de diversos sectores campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Desde su fundación han sido asesinados 150 líderes, 35 después de la firma del Colón.

A la fecha, 389 integrantes se encuentran en riesgo que ameritan la implementación de las medidas urgentes de protección.

UP

Por más de 30 años han sido víctimas de asesinato, persecución, desaparición y exterminio.

En la CIDH cursa petición de responsabilidad internacional del estado colombiano en la operación de exterminio contra este partido político.

COCCAM

Con presencia en 17 departamentos, su origen se fundamenta en la presentación al gobierno nacional de alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos. Entre septiembre del 2017 y febrero del 2018 han sido víctimas de 22 ataques e intimidaciones. Por sus labores, 28 de sus miembros están en situación de vulnerabilidad

 

Conozca la solicitud completa de las medidas cautelares en PDF