Ante la CIDH organizaciones de víctimas y de derechos humanos exigen al Gobierno reconocer y afrontar el paramilitarismo

Foto de Contagio Radio

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- voceros de distintas organizaciones y plataformas de víctimas y de derechos humanos exigieron al Gobierno Nacional reconocer la continuidad de estructuras paramilitares y afrontarlas de manera decidida e insistieron también en la creación de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición y solicitaron un espacio para exponer esta propuesta en las mesas de conversaciones.

Franklin Castañeda, integrante de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), recordó que en el último mes y medio se han registrado agresiones de grupos paramilitares en 14 regiones del país y que en 27 de los 32 departamentos de Colombia hay presencia de estas estructuras criminales, que son las causantes del 66% de los crímenes cometidos contra las y los defensores de derechos humanos en el país.

“Estamos viviendo en Colombia una difícil situación ocasionada por la continuidad del paramilitarismo y la falta de estrategias claras del Estado para su desmonte, así como de cambios estructurales en la fuerza pública que permitan su deslinde de grupos paramilitares y contribuyan de mayor manera a la profundización de la democracia. Llama la atención que las regiones afectadas por estas estructuras coinciden con zonas priorizadas en implementación de medidas acordadas en La Habana. De lo que pase en estas regiones dependerá un postacuerdo exitoso”, señaló el defensor de derechos humanos.

Por su parte, Danilo Rueda, abogado de la Comisión de Justicia y Paz, organización que hace parte del Movice, manifestó que el paramilitarismo es un fenómeno que sigue vigente y que se ha ido consolidando en una nueva fase con la complicidad, anuencia y tolerancia de estructuras institucionales, no sólo de la fuerza pública, sino también de poderes políticos y de sectores económicos del país. Insistió en la importancia de que se cree una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición.

“Se requiere de la construcción de una política coherente para enfrentar este fenómeno y esto  significa reconocer la naturaleza de esta estrategia. Si hay capturas, no corresponden a los que están en altos mandos de ejecución y planificación y tampoco hay identificación de quienes se están beneficiando del paramilitarismo. De ahí la importancia de la creación de una Comisión de Alto Nivel que pueda no sólo identificar este fenómeno con claridad sino que posibilite el generar espacios entre el Gobierno, las mesas de conversaciones y la sociedad civil para definir estrategias colectivas que nos permita generar garantías de no repetición”, señaló.
    
Danilo Rueda citó como ejemplos de connivencia del Estado con estructuras paramilitares, mínimamente por omisión, las acciones violentas que se dieron en el marco del reciente paro armado decretado por las Autodefensas Gaitanistas, el control paramilitar de 82 barrios de Buenaventura, pese a la constante militarización del municipio; la presencia de más de 300 paramilitares armados en el Bajo Atrato, quienes se movilizaron pasando por retenes militares, y la libre movilidad de por lo menos 200 hombres armados y vestidos de camuflado en Putumayo, a escasos metros de una base militar financiada por los Estados Unidos.

Fredy Alejandro Malambo, vocero de la Comisión Colombiana de Juristas, señaló que la forma en que el Gobierno Nacional puede cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales es afrontar decididamente la situación y reconocer que el paramilitarismo en Colombia se mantiene como causa de graves violaciones de derechos humanos y cuyo sostenimiento se debe en gran parte a la relaciones que mantiene con la institucionalidad. “Si no se abordan estos aspectos, los acuerdos de paz en materia de no repetición estarían en peligro y dejarían la puerta abierta para un nuevo ciclo exacerbado de violencia”, concluyó.

Bayrón Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, manifestó su preocupación por la impunidad en casos de crímenes de Estado y llamó la atención sobre el hecho de que la Fiscalía ha anunciado que se destinaron 800 investigadores de la Unidad Nacional de Contexto para investigar los crímenes en que están incursos los integrantes de las FARC y el ELN, entre otros recursos para este propósito, pero esa dirección y distribución de recursos humanos, logísticos y económicos no existen para los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública. 

Finalmente, Yomary Ortegón, defensora de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organización que también integra al Movice, señaló que los procesos de conversación entre el Gobierno Nacional y las guerrillas FARC y ELN no se tratan sólo de desarticular unos actores armados, sino de fortalecer la democracia para que en adelante sea la vía participativa y no la armada el camino para la búsqueda de transformaciones sociales.

“Es por esta razón que proponemos la creación de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición que tenga participación de las víctimas y asesoramiento de los órganos de protección internacional de derechos humanos y que se nos habilite un espacio para proponerlo en las Mesas de Negociación con las FARC y el ELN. La construcción de garantías de no repetición implica la adopción de medidas institucionales y políticas públicas para evitar que hechos como los acá descritos se repitan”.

Dentro de esas medidas y políticas nombró, entre otras: dotar de plenas garantías a las y los defensores de DDHH, a la oposición política y a líderes de movimientos sociales, garantizar el real desmonte del paramilitarismo, construir una doctrina militar para la paz y los derechos humanos, modificar la legislación y prácticas que limitan el ejercicio de la protesta y movilización social, fortalecer la separación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de manera que esta última tenga un enfoque civilista, de seguridad humana y que dependa de un ministerio civil y reforma de administración de justicia para que se revierta la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos.